• ¡RUMBO A LA SANACIÓN! Empieza a operar tribunal para conflicto armado de Colombia

    El sistema de justicia transicional de Colombia abrió el jueves sus puertas al público en lo que las autoridades describieron como un paso histórico rumbo a la sanación después de más de cinco décadas de un conflicto armado en el que murieron decenas de miles de personas y millones fueron desplazadas.

    Tanto víctimas como victimarios ahora podrán acercarse a la Jurisdicción Especial para la Paz en un nuevo edificio de la capital colombiana, en donde habrán de documentarse los abusos cometidos durante el conflicto más prolongado de Latinoamérica.

    Quienes confiesen la totalidad de sus crímenes no pasarán tiempo en prisión, y en su lugar realizarán una restitución a sus víctimas con actos como disculpas públicas y reparación de edificios dañados. Aquellos que no cooperen podrían recibir sentencias de hasta 20 años de cárcel.

    “Es un día histórico para las víctimas”, dijo Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. “Se pone en funcionamiento toda una estructura judicial para sanar las heridas que dejó el conflicto armado desde el reconocimiento de la verdad”.

    Hasta el momento, casi 4.700 excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han comprometido a confesar delitos graves, al igual que 1.800 miembros de las fuerzas armadas del país que combatieron en el sangriento conflicto entre rebeldes de izquierda, el gobierno y grupos paramilitares.

    El conflicto dejó secuelas cuya dimensión total tal vez nunca se conozca: Más de 250.000 muertos, al menos 60.000 desaparecidos e incontables víctimas de desplazamiento forzado, extorsión y secuestro.

    “Yo perdí a mi padre, mis hermanos”, dijo Daniel Valbuena, de 71 años y quien se presentó a las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz con la esperanza de solicitar un acta de defunción para su padre, de quien jamás se encontraron los restos. “Mi vida ha sido trágica”.

    Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, Colombia ha comenzado un lento proceso para permitirles a los rebeldes de las FARC una transición hacia la vida civil, y al mismo tiempo tener una completa indagatoria de la violencia. Los combatientes han entregado sus armas y fundaron un partido político, pero muchos colombianos siguen reacios a dar vuelta a la página y creen que el tribunal especial será muy indulgente.

    José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, dijo que el elemento de justicia en el acuerdo de paz y la normativa de aplicación contienen “una serie de ambigüedades y vacíos que corren el riesgo de permitirles a los criminales de guerra evadir a la justicia”.

    Los infractores que confiesen la totalidad de sus delitos estarán sujetos a “restricciones efectivas de derechos y libertades”, pero no se han difundido definiciones específicas que delineen lo que eso implica. También se han expresado preocupaciones respecto a si los comandantes cuyos subalternos cometieron delitos de los que ellos debían tener conocimiento, serán responsabilizados incluso sin que ellos supieran del crimen.

    “Los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz ahora tienen la vital responsabilidad de trabajar dentro de estos estrechos márgenes de interpretación para garantizar que las víctimas de este conflicto armado al menos reciban un grado mínimo de justicia”, comentó Vivanco.

    La jurisdicción especial constará de tres cámaras en las que los magistrados examinarán los expedientes recabados durante varios años por investigadores de distintas agencias del gobierno y grupos humanitarios, así como el relato de víctimas y los compararán con el testimonio que proporcionen los acusados. Una unidad de investigación especial participará para determinar la verdad cuando se presente una discrepancia.

    “No somos un tribunal de impunidad”, dijo Xiomara Balanta, la jueza que preside la cámara a cargo de amnistías e indultos.

    Sin embargo, conforme los rebeldes ingresan a la esfera pública, se evidencian las profundas sospechas de muchos respecto al proceso de paz. Rodrigo Londoño, el ex líder de las FARC, fue agredido en repetidas ocasiones por multitudes enfurecidas que arrojaron piedras y huevos a principios del año, durante mítines de su campaña presidencial.

    Las encuestas señalan que muchos colombianos quieren que los rebeldes comparezcan ante el tribunal de paz antes de ingresar a la política.

    El jueves, en el centro de bienvenida de la corte, trabajadores con camisetas blancas y broches con el logotipo del sistema de justicia transicional, recibieron a un puñado de infractores y víctimas, quienes se presentaron para consultar o dar información de sus casos.

    Luis Fernando Borges, quien se identificó como ex miembro de las FARC, dijo que estaba comprometido a apegarse a la ley, aunque se negó a compartir cualquier información sobre delito alguno en el que pudo haber estado involucrado.

    “Ya eso está en todos los tramites que nosotros hemos hecho”, declaró.

    Poco después de que Borges dejó el lugar, Valbuena llegó vestido con una camiseta azul recién planchada y un elegante suéter de cuello en V, portando consigo un diario repleto de notas. Los restos de su padre nunca fueron encontrados, pero su familia cree desde hace tiempo que está muerto. Dos de sus hermanos están desaparecidos y un tercero se ahogó en un río mientras la familia huía de la violencia.

    Todos esos delitos ocurrieron incluso antes de la fecha que la mayoría de los historiadores toma como el inicio oficial del conflicto armado, por lo que es poco probable que sepa algún día lo que sucedió exactamente con sus seres queridos, explicó Valbuena. Dijo que su propio hijo posteriormente se unió a la guerrilla, está encarcelado y padece cáncer.

    De cualquier forma, dijo que la creación de la jurisdicción especial le ha dado un poco de paz.

    “El señor presidente Santos, con una firma, mira lo que ya ha logrado”, dijo Valbuena. “¡Bendita sea la justicia!”.

    NAM/AP

     

    Loading...