La ONG venezolana Centro de Justicia y Paz (Cepaz) denunció este jueves que registró 10 casos de «persecución» contra periodistas en diciembre; así como otros 7 contra políticos del país.
«Durante el mes de diciembre, en el Centro de Justicia y Paz registramos 17 casos de persecución y criminalización ejercidos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro contra trabajadores de la comunicación y personeros políticos»; señaló la ONG en un comunicado publicado en su página web.
La organización registró el cierre de dos emisoras de radio que, a pesar de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) alegó que se debía al vencimiento de la concesión; «coincide con el hecho de que la emisora es propiedad de Carlos Barrios, periodista y alcalde del municipio Ospino, estado Portuguesa», quien se identifica como opositor.
«Registramos el cierre de cuatro programas de radio, tres de ellos de la misma emisora; cuyos directivos fueron obligados por Conatel a sacar varios programas de su parrilla por ser contrarios a los intereses del Gobierno de Maduro», añadió Cepaz.
Cepaz, suspensión de programas y detenciones
Un cuarto programa de radio que fue obligado a cerrar era conducido por el excandidato opositor a la Gobernación de Barinas Freddy Superlano.
Cepaz registró dos detenciones «arbitrarias», la de un periodista y su chófer; mientras hacían un reportaje.
«Pudimos documentar un acto de amenaza y hostigamiento contra otro periodista que fue víctima de la presencia de funcionarios de seguridad armados en su residencia. Por último; identificamos el bloqueo de la página web de un medio de noticias digital», subrayó.
En cuanto a los casos de persecución a políticos, la organización sostuvo que identificó una «amenaza colectiva» en la que no pudo determinar el número de posibles víctimas.
«Como parte de esta acción; Nicolás Maduro advirtió que tomará medidas ejemplarizantes contra los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela que dividieron a la población en las pasadas elecciones regionales. Esta acción constituye un acto de persecución política que viola las libertades de pensamiento y expresión»; apostilló Cepaz.
Picón y Cabello
Otro acto de amenaza documentado por la ONG fue dirigido contra el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón, afín a la oposición, «quien fue intimidado por Diosdado Cabello; de interponer una denuncia ya que las recomendaciones hechas por el rector (…) han sido consideradas un ataque a la gestión de Maduro y al partido que representa».
«Por otra parte, identificamos dos detenciones arbitrarias, que involucran a la familia de un dirigente político: el hermano del excandidato opositor a la alcaldía del municipio Arismendi del estado Sucre, José Lunar; y su chófer».
«El dirigente político afirmó que se trata de una retaliación por impugnar los resultados de las pasadas elecciones regionales»; apuntó.
Cepaz aseguró que las acciones de criminalización y persecución identificadas en su monitoreo fueron categorizadas como patrones; «porque forman parte de un conjunto de actuaciones que de forma sistemática y reiterada han sido ejecutadas durante todo 2021».
NAM – EFE
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