En estos tiempo de profunda crisis económica y sonados escándalos de corrupción, en el que el país ha venido siendo desangrado, se recuerda, el caso del expresidente Carlos Andrés Pérez y la polémica desatada por la supuesta malversación de fondos públicos por 17 millones de dólares y una investigación que duró cerca de un año.
Se hizo justicia o nó? Eso se lo podemos dejar a la historia, cuando se pudiera decir que para la fecha CAP, se habría quedado en pañales ante los casos de corrupción en los que se encuentran involucrados altos personeros del gobierno y otros que luego decidieron “saltar la talanquera”.Hechos escandalosos denunciados ante el Tribunal Suprema de Justicia y Contraloría General de la República, pero que jamás han tenido respuesta alguna.Casos que se refieren a “El Maletinazo” para apoyar la campaña de la entonces presidente de Argentina Cristina Fernández, PDVSA y depósitos de grandes sumas de dólares en Andorra y en otros países del mundo.
Para aquel 18 de mayo de 1994, el entonces máximo tribunal venezolano encontró elementos para un antejuicio contra el exmandatario. La Corte Suprema tomó la decisión al tener 10 votos a favor, 4 abstenciones y la ausencia por enfermedad de un magistrado.
Presuntamente, el dinero, destinado a gastos de seguridad y defensa del Estado Venezolano, habría sido desviado hacia operaciones de apoyo a un país centroamericano, de acuerdo a versiones de prensa. Pérez se negó a revelar el destino final de esos fondos, alegando que son “secretos de Estado”. El expresidente antes del anuncio de la resolución del Tribunal había dicho que acataría cualquier decisión del máximo tribunal, reiteró que el proceso era en realidad un “juicio político”.
La orden de aprehensión por malversación genérica de fondos y peculado doloso, se hizo extensiva a los ministros del segundo gobierno de Pérez, Reynaldo Figueredo, quien ocupó la cartera de Relaciones Exteriores; y Alejandro Izaguirre, ex ministro del Interior. También se giró orden de captura en calidad de cómplices contra los ex empleados de la Secretaria de la Presidencia, Carlos Jesús Vera y Carlos Enrique Barreto.
Detención ilegal
La defensa de Pérez alegó que la decisión de la Corte carece de solidez. “Los delitos imputados no pueden dar lugar a peculado y malversación de recursos en el manejo de la partida secreta. Definitivamente su destino (del dinero) no será revelado porque precisamente por su carácter de partida secreta, ello representaría un delito, de acuerdo con lo contemplado en la ley”, indicó el abogado defensor.
El Juicio
Pérez estuvo preso unos meses en la cárcel El Junquito. Al cumplir 70 años, de acuerdo con la ley venezolana, continuó el arresto en su domicilio. Tras dos años de debate, el 30 de mayo de 1996, la Corte Suprema de Venezuela lo condenó a dos años y 4 meses de privación de libertad únicamente por el delito de malversación de fondos, al pagar una operación policial en 1990 de protección a la presidenta de Nicaragua, Violeta de Chamorro. Los otros delitos fueron desestimados. El expresidente recobró su libertad en septiembre de 1996.
El 20 de mayo de 1993, fecha en que el CSJ consideró que existían méritos para culpar a Pérez de malversación de fondos, el ex presidente se dirigió al país.
Parte de su discurso, rezaba lol siguiente: “Fue en 1992 que brotó la soterrada conspiración civil, que aprovechó astutamente la conmoción producida por la felonía de los militares golpistas. La misma conspiración de hoy que recurre a otros métodos, porque se agotaron todos los demás, desde la metralla y el bombardeo implacable hasta la muerte moral. Si no abrigara tanta convicción en la transparencia de mi conducta que jamás manchará mi historia, y en la seguridad del veredicto final de justicia, no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido la otra muerte”.
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