La estabilidad del sistema político y electoral del país se encuentra en su punto más bajo en 20 años de chavismo y en seis años de una crisis económica que, en casi su totalidad, se ha gravado por la actual gerencia pública del Gobierno.
A pesar de ser un sistema electoral moderno y configurado en una estructura informática y electrónica que procesa, sintetiza y transmite los datos de cada sufragio, ha sido objeto de dudas por la auditoría más polémica en la historia del país, que fue la que realizó la compañía Smartmatic en 2017, prestataria de servicios de software electoral al CNE, en la cual reveló una presunta alteración y modificación de datos sin concordancia entre las actas de votación emitidas por las maquinas y los cuadernos electorales.
El artículo 63 de la Constitución de Venezuela establece: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”.
Este precepto constitucional consiste en que los espacios políticos sometidos a elección del soberano (población/sociedad civil) deberán tener una distribución equitativa y justa de los representantes de cada fuerza política. El objetivo de este principio es garantizar un equilibrio en la diversidad de acciones e ideologías en el funcionamiento de las instituciones, del Estado y de la democracia en el país.
Según los expertos en materia electoral, Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano y Francisco Castro, de Súmate, aunque la representación proporcional se encuentra establecida en la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) en sus artículos 14 y 15, impulsan un sistema mayoritario que la desconoce. Sugieren la modificación de dicho texto legal para así garantizar una representación verdaderamente equitativa, no solo en el Parlamento, sino también en los concejos municipales y legislativos regionales.
Es decir, desde la óptica de esas ONGs, la coyuntura actual del país requiere que la representación proporcional tenga mayor presencia de votos lista que votos nominales, pues el predominio de las candidaturas individuales podría desequilibrar la balanza en el Parlamento en caso de que el chavismo gane la mayoría de la Asamblea Nacional en las polémicas elecciones legislativas adelantadas que tendrán lugar en 2020, y para las cuales el oficialismo y la oposición buscan designar un nuevo CNE con transparencia y legitimidad.
Podría darse en el escenario en el cual la AN decida abrir un debate para una enmienda en la Ley Electoral sobre esos dos artículos (14 y 15) a fin de reformular el concepto de la representación proporcional. Si no se modifica y el PSUV recupera la mayoría en la AN, sería el quinto y último poder que le falta al chavismo por controlar, lo cual podría prolongar la subsistencia del gobierno de Nicolás Maduro en el poder a pesar de la crisis del país.
Ricardo Serrano
