La crisis de Venezuela está configurada y expandida a lo interno del país como sistema de distorsiones económicas, un contexto de caos/anarquía social y un estado de permanente incertidumbre política que podría generar una implosión social en la medida que el mismo desgaste de la crisis inducido desde el gobierno de Nicolás Maduro haga tambalear y caer su estructura de poder y control político por su propio peso.
Justo mismo día, el pasado jueves 9 de enero, en que Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, dejó claro que solo una «transición negociada» pondría fin a la crisis de Venezuela, horas más tarde, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, hombre de extrema confianza de Juan Guaidó, aseguró que para que se produzca esa transición negociada que planteó Mike Pompeo (secretario de Estado de EEUU), se deben generar «condiciones con presión social y política al régimen de Maduro», dijo en una rueda de prensa en Caracas.
Y al ser una de las figuras de mayor relevancia en la oposición institucional, que controla el único poder legítimo que queda en el Estado venezolano bajo la figura del llamado gobierno interino de Guaidó, Guanipa dejó entrever que el equipo del líder opositor no estaría dispuesto a persistir en su política exterior de hacer lobby (presión), a través del comisionado de Relaciones Exteriores, Julio Borges, y su representante en EEUU, Carlos Vecchio, a favor de que Washington ejecute una acción de fuerza no política (disuasión militar) contra el gobierno de Maduro.
Esto se debe a que el equipo de Guaidó está sincronizado y diplomáticamente subordinado a la política exterior de EEUU a través de su agente especial en Venezuela, Elliott Abrams (enviado del Departamento de Estado) y el propio secretario de Estado, Mike Pompeo.
De esta forma, se abre un escenario muy factible en el que el equipo de Guaidó podría recurrir posiblemente a la estrategia de negociar con Maduro su salida del poder bajo la coacción financiera, judicial, política y diplomática de Estados Unidos.
En ese eventual escenario, la línea estratégica actual de la oposición venezolana y de EEUU de inducir inestabilidad y pérdida de fuerza interna en la cúpula de poder de Maduro a través de las sanciones seguirá profundizándose hasta que sus funcionarios se vean obligados a pedir garantías a cambio de no recibir más sanciones financieras o incluso judiciales en territorio estadounidense, donde muchos funcionarios venezolanos poseen activos, bienes, capitales, cuentas bancarias y familiares.
Eso podría configurar una posible negociación final en la que sobre la mesa estén puestas las concesiones de entrega progresiva de cuotas de poder por parte de Maduro y su gobierno, siempre con el elemento principal planteado por el propio Guaidó sobre una eventual nueva mesa de negociación: la instauración de un Consejo de Estado que administre la transición, organice elecciones y tome medidas paliativas sobre la crisis económica-social del país hasta que un nuevo gobierno asuma el poder.
Ricardo Serrano
