La crisis económica de Venezuela ha generado un contexto de extrema polarización social, pues cada vez se hace más pequeño y concentrado el segmento de la población que acumula capitales e ingresos en dólares, y que además, funciona como un sistema cerrado de circulación de divisas que a su vez estimula el consumo y el comercio en ese sector paralelo de la economía venezolana que opera exclusivamente en dólares.
Es por ello que el diputado de la Asamblea Nacional y economista, Ángel Alvarado considera que 2019 fue el año de exclusión debido a que un grupo de venezolanos tiene dólares y está menos afectado por la hiperinflación y por otro lado está la inmensa mayoría que no tiene acceso a divisas.
Al menos el 23% de los venezolanos tiene ingresos dólares, y de ese grupo, solo el 10% mantiene un nivel de vida con alto consumo en dólares a partir de ingresos promedio que van de los 300 hasta los 1.000 dólares mensuales, mientras que el 13% restante en ese segmento maneja ingresos híbridos (en bolívares y en dólares), pero con una mayor cantidad de moneda estadounidense por transacción. Todo esto en detrimento de un 77% de la población que solo tiene acceso a bolívares devaluados por la hiperinflación.
«Que tiene una pensión de 3 dólares, un salario mínimo de entre 3 y 5 dólares y eso ha creado una brecha social muy importante, no hay respuesta por parte del gobierno de Nicolás Maduro, no existe política social, esta destruida y tienes un pueblo que deambula buscando soluciones», subrayó.
Destacó que el gran reto del Plan País es poner a producir al país que tiene 6 años deprimido. «Nuestro plan permite la recuperación de la economía bajo tres pilares; recuperación de la industria petrolera, empoderar a los empresarios y abrirle oportunidades para la inversión y detener el fenómeno de la hiperinfación», dijo.
La Asamblea Nacional ha propuesto en reiteradas ocasiones el establecimiento de un salario mínimo de al menos 120 dólares mensuales, pero la viabilidad de esa propuesta se minimiza por evidentes factores políticos que le impiden al Parlamento poder contar con el aval jurídico, judicial y ejecutivo para materializar esa medida debido a la política económica del gobierno de Nicolás Maduro de mantener el bolívar como moneda de curso legal del país a pesar de que está prácticamente disuelta y artificialmente en desuso.
«El Plan País busca inyectar un shot de adrenalina en la economía», enfatizó.
Ricardo Serrano
