Colombia perdió la “paz” y la “estabilidad” que su gobierno pregonaba y anunciaba con bombos y platillos mirando de reojo a Venezuela, país que aun atraviesa una severa crisis sociopolítica, pero centrados en Colombia, la pregunta es la siguiente: ¿Qué fue lo que acabó con la estabilidad y la paz construida por Juan Manuel Santos y extendida por Iván Duque?
La comunicadora Ayelén Oliva expone un conjunto de elementos para el análisis de lo que está ocurriendo en Colombia y lo que ha avivado la conflictividad a niveles que poco se pensaba que llegarían, al punto de poner a pensar y a “rectificar” a un presidente Iván Duque muy aferrado a su reforma tributaria, para ello, Oliva sostuvo una conversación con el corresponsal de la BBC en Bogotá, Daniel Prado y entre ambos construyeron algunas teorías de lo que ocurre.
¿Qué pasó en Colombia?
Varias organizaciones sociales de trabajadores, indígenas y estudiantes llamaron el miércoles a un paro nacional contra la decisión del gobierno de Iván Duque de avanzar en una reforma tributaria que impactaría de lleno en las clases medias colombianas.
El paro superó las expectativas y así fue que el jueves y viernes siguiente, las marchas continuaron en las principales ciudades del país. Existe incertidumbre sobre qué pasará esta semana.
¿Por qué protestan?
Los manifestantes rechazan una reforma impositiva propuesta por el gobierno que busca recaudar cerca de 6.300 millones de dólares, equivalente a un 2% del PIB.
El proyecto, que llevaba el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, fue presentado el 15 de abril ante el Congreso y buscaba recaudar dinero para pagar principalmente los compromisos de deuda.
El Banco de la República declaró que, a enero de este año, el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó los 156.834 millones de dólares, lo que equivale al 51,8% del PIB del país.
Pero existe más que eso. Para Daniel, las protestas van mucho más allá de este proyecto y son más bien una crítica al “modelo económico que rige en este país hace un siglo”.
Este es un modelo que “si bien le ha dado a Colombia una estabilidad ante los mercados internacionales, como el hecho de mantener el déficit bajo, deuda baja, y poca inflación, también ha generado uno de los países más desiguales del mundo, el segundo en América Latina después de Brasil.
Es por eso que la gente que sale a la calle no pide sólo frenar el proyecto tributario sino un modelo económico más democrático”, me explica Daniel.
Contextualizando
El movimiento de protesta que nació en Colombia el 21 de noviembre de 2019 estaba alicaído, menguado en tiempos de pandemia.
Pero la reforma tributaria que propuso hace dos semanas el presidente Iván Duque le dio un empuje inesperado y determinante.
Tras cuatro días de protestas, Duque anunció este domingo que le pedirá al Congreso no votar esta propuesta de ley, sino una que resulte del diálogo con partidos y movimientos.
El lunes, además, renunció el cerebro de la reforma, Alberto Carrasquilla, al ministerio de Hacienda.
«La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales», dijo acompañado de su gabinete.
Duque tiene un punto: economistas de todas las vertientes coinciden en que el Estado colombiano está urgido de una reforma que aumente el recaudo y permita no solo saldar el déficit y pagar la deuda, sino mantener la histórica reputación de país estable y responsable ante los ojos de los mercados internacionales.
La reforma que propuso Duque era, según los economistas, «ambiciosa» y, para un gobierno de centro-derecha, inesperadamente «progresista»: hacía permanentes las transferencias a poblaciones vulnerables y gravaba la renta de clases medias y altas.
¿Y entonces?
Los críticos la consideraron «inoportuna» en medio de la crisis social generada por la pandemia, así como «insuficiente» en su búsqueda de proteger a los vulnerables y cobrarles más a los ricos.
Ahora la pregunta es qué tipo de reforma se concertará.
Sin embargo, este momento histórico para Colombia presenta otra pregunta: ¿seguirán en las calles las masivas protestas que han paralizado a parte del país, no solo en las grandes ciudades, sino en pequeños y medianos municipios?
Tan pronto Duque pidió el retiro de la reforma se hicieron virales en redes sociales mensajes que pedían más protestas bajo la frase «el paro sigue», en referencia al nombre original de este movimiento: el Paro Nacional.
¿Cuáles son, entonces, las demandas originales de este movimiento inédito que parece haber llegado para quedarse?
Aunque una de las críticas principales al Paro es que su pliego de peticiones supera las 100 demandas, hay tres líneas generales que atraviesan la causa política de un movimiento que es heterogéneo y difícil de definir.
- Una economía más igualitaria
Por mucho esfuerzo que haga Duque para destacar el valor asistencialista de su reforma, sus iniciativas económicas cuentan con un problema quizá irremediable: la desconfianza.
Duque es un aliado férreo del sector privado, viene de un partido conocido por su carácter terrateniente y su ahora exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es famoso por su ortodoxia neoliberal a favor de las grandes empresas.
Duque, el Centro Democrático y, sobre todo, Carrasquilla representan como pocos el modelo económico que las protestas buscan enterrar.
Así que un cambio de ese modelo desigual y excluyente —que para muchos requeriría una mayor democratización de la salud y la educación— está en el corazón de este movimiento de protesta.
- Una reforma a la policía
La desconfianza de los manifestantes hacia el gobierno sobrepasa el ámbito económico: se manifiesta también hacia la fuerza pública, una institución clave en un país con 60 años de conflicto armado a sus espaldas.
En estos cuatro días de protestas, la ONG Temblores ha documentado 940 casos de violencia policial e investiga la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías; entre enero y el 28 de marzo registraron 146 abusos y 13 muertos y el año pasado contabilizaron 86 presuntos homicidios.
En septiembre de 2020, el asesinato de 13 personas durante la represión policial de dos jornadas de protesta en Bogotá generó un debate profundo en el país: la necesidad de una reforma a la policía, que incluya el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), encargado de reprimir las protestas.
Desde el punto de vista de los manifestantes, entonces, se espera una autoridad que no los trate de subversivos, sino como civiles con derechos democráticos, y que esté sujeta a mecanismos de sanción imparciales, rigurosos y eficientes.
- Mejor implementación del proceso de paz
La generación que lidera las protestas en las calles creció en un país en guerra, bajo los mantras polarizantes de la Guerra Fría; y hoy su mayor anhelo es que la política supere esos traumas del conflicto y permita, incluso a través de la protesta pacífica, hablar de temas como educación, derechos sociales y legalización de las drogas, entre otras cosas prohibidas en el debate en Colombia durante décadas.
Para eso, un primer gesto que los manifestantes esperan del gobierno es que implemente el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016.
Duque defiende su política de paz, la cual tiene como principal apuesta el desarrollo productivo de las regiones más afectadas por el conflicto.
Sin embargo, sus críticos señalan que la pobre implementación del acuerdo ha generado el aumento de masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamientos masivos de gente en regiones remotas del país.
Que Duque quiera atender el conflicto armado con las mismas estrategias del pasado es, en ojos de un simpatizante del Paro, una prueba de que el uribismo, el movimiento al que pertenece el presidente, «no quiere pasar la página del conflicto porque le conviene para su discurso guerrerista».
¿Qué pasó con la propuesta?
El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió ayer al Congreso de su país que retire el proyecto que había presentado.
Pero esto no quita que lo que estaba propuesto no se vaya a hacer. Duque pidió «tramitar uno nuevo” después de explicar que había hablado con «líderes de partidos políticos, de la sociedad civil, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial que habían aportado valiosas ideas» para lograr incrementar la recaudación «sin afectar a la clase media y a los más vulnerables».
¿Por qué la violencia?
Las protestas para exigir que el gobierno retire el proyecto empezaron el miércoles pasado de forma pacífica, pero terminaron en ataques contra edificios públicos y el sistema de transporte en ciudades como Bogotá, Medellín y, en especial, en Cali.
Eso llevó a que, incluso el expresidente Uribe, padrino político de Duque, pidiera por redes sociales desplegar a los militares en las calles para contener las protestas a las que llamó “terrorismo vandálico”.
Esto llevó a que la propia empresa Twitter eliminara el mensaje: “Tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia, hemos accionado ese tweet por violación a las Reglas de Twitter”.
“Lo que hizo Duque no fue sacar a los militares a la calle porque los militares siempre están en la calle en Colombia”, explica Daniel.
“Pienso que lo que hizo Duque ayer puede ser leído como gesto hacia una parte de su electorado, hacia el uribismo más duro, no en vano Uribe fue el que llamó a sacar a los militares dos días antes.”
Daniel define a la desconfianza social hacia las fuerzas de seguridad como un elemento mucho más fuerte en Colombia que en muchos de los otros países de América Latina.
“Es enorme el sentimiento entre los manifestantes de que la Policía abusa y que lo hace con total impunidad. La Policía actúa con una estructura que responde al conflicto armado, una lógica de estar luchando contra la guerrilla. Y ese es el gran problema de este país”.
Duque movió una pieza importante el domingo. Sin embargo, tanto desde la oposición como aquellos que salieron a la calle no ven un cambio real sino una vía de ganar tiempo.
La respuesta social que encuentre esta decisión en las calles de las principales ciudades de Colombia esta semana será clave para ver si el conflicto escala o si, al menos en lo inmediato, pasa a estar parcialmente controlado por el gobierno.
NAM/Con información y análisis de Ayelén Oliva / @AyelenOliva
