En contraste con la inmediatez de los resultados para Washington, el especialista señala que para Caracas el impacto inicial se concentra en el plano institucional. El acuerdo otorga un reconocimiento internacional a la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, abriendo una vía de contacto con la mayor economía del mundo, aunque este espaldarazo diplomático no se traduzca de forma instantánea en un bienestar palpable para el venezolano de a pie.
«Estados Unidos le da un reconocimiento importante a nivel internacional a Delcy Rodríguez», comentó.
Desde la perspectiva jurídica, Deffendini advierte sobre terrenos grises. La Constitución venezolana establece en sus artículos 27 y 303 que los yacimientos son de dominio público, inalienables, y que el Estado se reserva la actividad petrolera y la totalidad de las acciones de PDVSA.
Aunque las reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos brindan mayor flexibilidad, el anuncio sugiere roces con la Carta Magna. Sin embargo, el académico aclara que, bajo la Convención de Viena y el principio pacta sunt servanda, un tratado binacional firmado por los Poderes Ejecutivos adquiere validez internacional y debe cumplirse de buena fe, sin que las partes puedan invocar su derecho interno para discontinuarlo.
«Desde el lado venezolano es legitimación, básicamente legitimación de la presidencia encargada, en donde evidentemente le da un reconocimiento importante a nivel internacional, que no implica una mejora inmediata en la población».
Vigilar la inversión
Para la industria venezolana, los rendimientos económicos reales pertenecen al mediano y largo plazo. Citando informes de instituciones como el Baker Institute, Deffendini señala que la inversión proyectada de 100.000 millones de dólares en capital privado representa el piso financiero requerido para intentar llevar la producción hacia los 3 millones de barriles diarios en un horizonte cercano a una década.
Sin embargo, cree que el debate para el país no radica solo en el volumen de extracción, sino en el cambio de paradigma.
El modelo sugerido implica pasar de un Estado productor y administrador a un esquema donde la empresa privada asume la operación, evocando dinámicas previas a la nacionalización.
Finalmente, Deffendini enfatizó que la efectividad real dependerá de la disciplina fiscal y de si los 209.000 millones de dólares previstos en tributos se destinan a sostener la burocracia o si se orientan a reconstruir las bases del contrato social: educación, salud, seguridad jurídica y estabilidad alimentaria.
«Esperemos que, realmente, si bien esta inversión sea utilizada para servir al pueblo y para que el Estado cumpla con el contrato social que tiene y no sea despilfarro», culminó.
