El tribunal que juzga los peores crímenes del conflicto colombiano imputó este martes a diez militares y a un civil por las ejecuciones de 120 personas y la desaparición forzada de otras 24 en la zona de frontera con Venezuela entre 2007 y 2008.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló a los once hombres, entre ellos un general y dos coroneles, por su “participación determinante en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión (…) presentadas como bajas en combate”, detalló la magistrada Catalina Díaz durante una conferencia de prensa.
“La evidencia indica que (…) son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada”, enfatizó Díaz.
Entre los imputados se encuentra el general Paulino Coronado, quien para la época comandaba la Brigada 30 del Ejército, que hacía presencia en la región fronteriza conocida como Catatumbo. Dos coroneles, un teniente y varios oficiales de inteligencia también están involucrados.
“Bajo una lógica criminal cercana a a de la limpieza social, estas víctimas fueron seleccionadas porque eran trabajadores informales o desempleados, tenían alguna discapacidad o porque eran desempleados o habitantes de calle”, denunció el tribunal surgido de los acuerdos de paz firmados con la disuelta guerrilla FARC en 2016.
Se trata de la primera imputación en el caso conocido como “falsos positivos”, el mayor escándalo que envuelve al ejército colombiano. La JEP sostiene que al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008.
Aunque el alto mando castrense siempre ha negado que fuera una acción sistemática, según la JEP “estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos (…) y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate”.
A partir de hoy los imputados tendrán 30 días para reconocer o no su participación en los hechos. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión.
“Los imputados que no acepten responsabilidad ni aporten verdad (…) se exponen a penas privativas de la libertad de hasta 20 años” de ser derrotados en juicio, advirtió durante la diligencia el presidente del tribunal, Eduardo Cifuentes.
En enero la JEP imputó a ocho altos mandos de las antiguas FARC por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1990 y 2016, cuando secuestraron a 21.396 personas. Los exrebeldes, que reconocieron su responsabilidad ante el tribunal, aún no han recibido su sanción.
NAM – AFP
