La sesión del Senado para tratar el pedido de un juez para allanar tres propiedades de la expresidenta y senadora Cristina Fernández en una causa por presunta corrupción fracasó el miércoles y fue pospuesta para la próxima semana.
La sesión no prosperó porque estaban presentes 36 senadores de los 37 que se necesitaban para dar puntapié al debate. Entre los ausentes estaba la propia Fernández, los integrantes del grupo opositor que la respalda, varios miembros del peronismo y dos del oficialismo que habían informado que estaban de viaje y con licencia médica.
El juez Claudio Bonadío pidió días atrás al Senado autorización para allanar dos casas de la expresidenta (2007-2015) en la provincia de Santa Cruz y un departamento en Buenos Aires, el cual -según el relato de un arrepentido en la causa- fue durante años el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios para adjudicarse obras públicas.
La autorización de los allanamientos habría supuesto un gesto simbólico de la clase política de permitir que la justicia avance contra la exmandataria, ya que el pedido del juez se conocía desde hace dos semanas.
La titular del Senado, la oficialista Gabriela Michetti, fijó una nueva sesión el 22 de agosto para tratar el asunto.
“Teníamos la oportunidad de enviar una señal muy fuerte a la sociedad desde la política… los senadores que no dan quorum cometen un gran error”, se lamentó el senador oficialista Luis Naidenoff ante los colegas que esperaban sentados si otros legisladores iban a sumarse. El oficialismo no goza de la mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso.
El peronista Miguel Ángel Pichetto también criticó que la sesión no prosperara al señalar que “el allanamiento es una medida de prueba que no define el rango de responsabilidad (de un sospechoso) y al magistrado no se le puede impedir llevarla adelante en esta investigación”.
Pero otros miembros del peronismo, espacio político bajo el cual se creó el kirchnerismo, no asistieron a la sesión.
Fernández negó el lunes en el juzgado de Bonadío ser responsable de una asociación ilícita integrada por funcionarios y grandes empresarios que habrían pagado millonarios sobornos.
La senadora acusó a Bonadío de ser un juez enemigo que ha armado una nueva causa en su contra y afirmó que el “disparate” del que es víctima se debe a las interferencias del gobierno del presidente Mauricio Macri en la justicia.
NAM/AP
