A finales de septiembre de este 2021 saltaba la noticia de que China declaraba como ilegales la negociación y el minado de criptomonedas. La decisión del país asiático ha tenido dos consecuencias directas: por un lado, un previsible éxodo mundial de los ‘mineros’ a tierras menos restrictivas y, por otro lado, un efecto dominó, pues parece que esta prohibición ha animado a otros territorios a seguir los mismos pasos.
Con la excepción de El Salvador, nación que se convirtió en la primera en reconocer el bitcoin como divisa de circulación legal, las criptodivisas son activos financieros no regulados, por lo que no tienen una condición de moneda legal ni son respaldadas por los bancos centrales. Eso, sin embargo, no prohíbe explícitamente que personas o entidades privadas puedan realizar transacciones con ellas. Un ejemplo de este caso es España.
En el otro lado de la balanza están los países que limitan las transacciones comerciales y prohíben que los bancos participen en este mercado. Canadá y Colombia se encuentran en esta lista. Otros, como Vietnam o Arabia Saudita, prohíben las criptomonedas como instrumentos de pago.
Por último, también están aquellos que, como China, han decidido también prohibir el minado. La minería es el proceso informático por el que se crean nuevas unidades de una criptomoneda y que permite mantener un registro de todas las transacciones con los ‘tokens’ existentes.
Se trata de un procedimiento que consume mucha energía y es muy contaminante, las criptomonedas, con su valor de mercado actual, conducen a la liberación de hasta 120 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera por año, el cual es uno de los principales motivos para restringirlo.
NAM/20minutos
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