Xabi Alonso, exjugador del Real Madrid, será juzgado por fraude fiscal el próximo martes 22 de enero en la Audiencia Provincial de Madrid, justo el mismo día que su excompañero, el portugués Cristiano Ronaldo.
La sección de delitos económicos de la Fiscalía pide cinco años de prisión para el exfutbolista vasco, al que se le acusa de tres delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012. La misma pena que se pide para su asesor fiscal, Iván Zaldúa Azcuenaga, y para el administrador de la sociedad Kardazli Comercio Servicios de Consultoría e Investimentos LDA, Ignasi Maestre Casanova.
Según la Fiscalía, como informa EFE, en agosto de 2009 Alonso suscribió, asesorado por Zaldúa, un contrato en el que simulaba la cesión de explotación de sus derechos de imagen a la sociedad Kardzali, ubicada en la isla portuguesa de Madeira, de la que Maestre era gerente. Dicha sociedad pertenecía a otra instalada en Panamá de la que Alonso era el titular de las participaciones sociales.
La cesión de derechos de imagen se habría producido, siguiendo al Huffington Post, cuando el ex futbolista gozaba de su condición de “no residente” en España, “si bien mantuvo dicha estructura formal al menos hasta el 2012”, como comunica la Fiscalía, teniendo a condición de residente fiscal español.
En ese periodo de 2009 a 2012, Xabi Alonso, como sostiene la Fiscalía, fue contratado como imagen por distintas empresas con la ayuda de los otros dos acusados “sin hacer uso real” de la sociedad establecida en Madeira, “convirtiendo dicha entidad en un mero instrumento formal de ingresos y pagos que no desarrolló función alguna en la explotación de la imagen del acusado”.
De este modo, Kardazli Comercio Servicios de Consultoría e Investimentos LDA recibió entre los ejercicios 2010-2012 un total de2.083.400 euros, “aparentemente” derivado de la explotación de los derechos de imagen de Alonso, que no se integraron en la base imponible del IRPF. Ello supuso una pérdida a la Administración Tributaria de 2.032.845 euros.
Por ello, se exige a cada uno una multa de 4 millones de euros y el abono conjunto, de manera solidaria, de 2.032.845 euros a la Agencia Tributaria.
NAM/AGENCIAS
