Nicaragua se encuentra sumida en una crisis social y política desde hace 47 días, que ha dejado al menos 105 personas muertas y más de 1.000 heridas, acciones en las que según entes internacionales está evidenciada la violación a los Derechos Humanos por la excesiva represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas en contra del Gobierno de Daniel Ortega.
Amnistía Internacional (AI) responsabilizó al Estado nicaragüense de perpetrar ejecuciones extrajudiciales “con conocimiento” del presidente Ortega. La organización humanitaria también denunció la localización en los cuerpos de las víctimas disparos en cabeza, cuello y tórax, y los actos de encubrimiento y obstaculización de las investigaciones mediante omisión de exámenes médicos, la falta de exhaustividad en el tratamiento de las pruebas, los obstáculos al acceso a la justicia o el acoso e intimidación a los familiares de las víctimas.
La prueba más grande de estos señalamientos, fue la masacre ocurrida el miércoles en la marcha en honor a las madres de los caídos en las protestas, que se convirtió en un baño de sangre, cuando fuerzas de choque del Gobierno dispararon con pistolas y fusiles a los manifestantes desarmados, dejando al menos 18 personas muertas y más de 218 heridas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó durante nueve años al Gobierno de Ortega, en representación del Estado de Nicaragua, que autorice una visita al país para indagar las numerosas denuncias por el deterioro de la institucionalidad, recordó la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Wendy Flores.
Informe en mano
Tras la presión de organizaciones humanitarias nacionales y la autorización por parte del Gobierno, el órgano internacional condujo una visita de trabajo a Nicaragua, del 17 al 21 de mayo de 2018, con el objetivo observar la situación en el país centroamericano.
Tras su visita, emitieron un informe preliminar en el cual reunieron información documental y audiovisual. Se escucharon centenares de testimonios en los que se evidencian graves violaciones de derechos humanos durante las protestas, que han estado caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados. Criticaron la represión para disolver las protestas.
La CIDH documentó denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias, así como prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques a la prensa y otras formas de hostigamiento.
El órgano judicial instó al Gobierno a implementar un total de 15 recomendaciones, que van desde el “cese inmediato de la represión” hasta “el respeto y la garantía al derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, incluyendo “la creación de un mecanismo de investigación internacional” sobre los hechos de violencia ocurridos.
En las últimas semanas las organizaciones defensoras de derechos humanos, trabajan contra reloj, pues cada día han aumentado las denuncias relacionadas con desapariciones, secuestros y represión policial y de paramilitares. Una de ellas fue María Elsa Aburto, quien denunció en el Cenidh el secuestro de su hijo Kenneth Israel Romero Aburto, de 23 años, ocurrido el 26 de mayo en una de las calles del Barrio Riguero de Managua.
NAM/El Universal
