¡PRESIONES, AMENAZAS Y SEPARACIONES! La estrategia migratoria de la administración de Trump obliga a familias a aceptar deportaciones

El correo electrónico de un funcionario de inmigración de Estados Unidos colocó a Kelly y Yerson Vargas frente a una decisión extrema: aceptar su deportación a Colombia o arriesgarse a ser acusados de un delito federal y separados de su hija de 6 años, María Paola. Recluidos en un centro de detención en Texas, ya enfrentaban una orden de expulsión, pese a haber solicitado visas como víctimas de trata de personas, afirmando haber sufrido trabajos forzados y amenazas de muerte de cárteles mexicanos durante su travesía hacia Estados Unidos.

El mensaje del 31 de octubre advertía que, si se negaban a abordar un vuelo de deportación, podrían ser procesados penalmente por incumplir la orden, un estatuto raramente utilizado y castigado con hasta diez años de prisión. Temiendo ser enviados a cárceles separadas y que su hija fuese colocada en el sistema federal para niños migrantes no acompañados, los Vargas desistieron de sus solicitudes y aceptaron la deportación en noviembre.

Su historia, documentada por Reuters tras entrevistas con abogados, migrantes y funcionarios actuales y anteriores, expone cómo la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado tácticas agresivas para presionar a inmigrantes detenidos a aceptar su salida del país. Según el reportaje, estas estrategias —poco comunes en administraciones previas— incluyen amenazas de cargos criminales, detenciones prolongadas sin posibilidad de fianza, deportaciones a terceros países sin vínculos, y advertencias de posibles separaciones familiares.

Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca, defendió el enfoque: “Estamos usando todas las herramientas a nuestro alcance. Todo lo que hacemos es legal”, aseguró. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, indicó que los Vargas agotaron su proceso legal y recibieron una orden de expulsión en 2024. La portavoz Tricia McLaughlin afirmó que “estos inmigrantes ilegales violaron la ley y se les advirtió que enfrentarían las consecuencias”.

Sin embargo, defensores de derechos migratorios sostienen que la presión ejercida sobre los detenidos constituye “crueldad calculada”. Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Columbia y representante de los Vargas, denunció que las condiciones de detención —hacinamiento, falta de higiene y tratos degradantes— están llevando a muchos inmigrantes a desistir de procesos legales que podrían permitirles permanecer en Estados Unidos.

El aumento de estos casos coincide con la meta de Trump de alcanzar un millón de deportaciones anuales. No obstante, según datos del DHS, desde su llegada al poder se han ejecutado más de 605.000 expulsiones, una cifra que proyecta un total inferior a 700.000 para finales de 2025.

Paralelamente, el número de inmigrantes detenidos por ICE ha crecido 70 % desde enero, alcanzando unas 66.000 personas en noviembre. Aunque un fallo judicial frenó la interpretación de la agencia que pretendía impedir la elegibilidad a la fianza para casi todos los detenidos, la advertencia de largas estancias en centros migratorios ha llevado a muchos a renunciar a sus casos.

Entre ellos se encuentran trabajadores, estudiantes y profesionales de Guatemala, Venezuela, Ecuador, México y Honduras, quienes relataron a Reuters que prefirieron abandonar sus procesos migratorios antes que enfrentar meses o años de encierro o ser enviados a terceros países donde no tienen vínculos.

Las deportaciones a naciones ajenas también han aumentado. El brasileño Lourival Paulo da Silva, enfermo de tuberculosis tras ser recluido en un remoto campamento migratorio en Florida, renunció a su caso y salió del país con una orden de salida voluntaria. Espera ahora, desde Brasil, que la visa conyugal que tramitaba antes de su detención sea aprobada en 2026.

Datos de la corte federal de inmigración muestran que las salidas voluntarias otorgadas mientras los migrantes estaban detenidos se multiplicaron por cinco en los primeros ocho meses de 2025, superando las 16.000, respecto al mismo período del año anterior.

El venezolano Héctor Grillo, detenido este año en Texas, pidió su deportación temiendo ser enviado a una cárcel en El Salvador, uno de los países donde la administración Trump ha deportado a migrantes bajo acuerdos de tercer país seguro. “Esa fue la manera más rápida de salir de esa tortura”, dijo tras su expulsión a Venezuela.

Los testimonios recogidos revelan un patrón: la creciente dependencia de la administración Trump en tácticas coercitivas para acelerar deportaciones, aun cuando los inmigrantes tienen solicitudes legales pendientes o temen por su seguridad fuera de Estados Unidos.

NAM/Reuters