viernes 5 de junio de 2026

¡TRAS 14 DÍAS DE PARO NACIONAL! Gobierno de Ecuador extiende el estado de excepción en 10 provincias

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, amplió el estado de excepción a diez provincias más del país, sumándose a Carchi e Imbabura, en respuesta al Paro Nacional liderado por movimientos sociales e indígenas.

Las protestas, cuyo epicentro es la provincia de Imbabura, están motivadas por el alza del precio del diésel.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), instó al Ejecutivo a cesar la represión y honrar la Constitución, mientras que el Gobierno, a través de su portavoz Carolina Jaramillo, declaró que no negociará la eliminación del subsidio a los combustibles.

La postura de no negociar del gobierno se ha acompañado de un despliegue de fuerza. Se ha enviado un convoy militar a Imbabura para reprimir las manifestaciones y se ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea para fortalecer al ejército y la policía con incentivos fiscales y donaciones.

Demandas y exigencias

Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Conaie, exigió el cese de la «represión aérea y terrestre sin precedentes», mientras que el exlíder indígena, Leonidas Iza, denunció la persecución política y criminalización de la protesta social.

Organizaciones indígenas de la capital han anunciado su adhesión al paro con una marcha convocada para el 12 de octubre.

Extractivismo gubernamental

La crisis por el diésel se entrelaza con las críticas a la política extractivista del gobierno.

En ese sentido, el académico e investigador en temas de seguridad, Christian Palacios Tamayo, sostiene que el presidente Noboa busca evadir su responsabilidad en el polémico tema de la explotación minera, específicamente, en Kimsacocha (Azuay), donde intereses internacionales buscan réditos económicos a costa de la naturaleza y las fuentes hídricas.

Argumenta que Noboa intenta «sacar el cuerpo» para evitar un costo político en la provincia de Azuay, delegando a los gobiernos autónomos descentralizados (alcaldía y prefectura) la responsabilidad de enfrentar posibles procesos jurídicos internacionales derivados de la supresión de la licencia ambiental minera.

NAM/Agencias

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