Agentes federales de inmigración en el área de Chicago han adoptado tácticas cada vez más agresivas y combativas, que incluyen el uso de helicópteros para asaltar complejos de apartamentos y el despliegue de agentes químicos cerca de escuelas públicas.
Esta escalada en los operativos, que provocó la detención de más de 1.000 inmigrantes desde su inicio el mes pasado, ha sido condenada por líderes locales y activistas, quienes aseguran que las acciones están convirtiendo a los vecindarios en zonas de guerra.
En ese sentido, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, pidió una investigación ante estas tácticas de estilo militar.
El uso de fuerza desmedida y acciones sin precedentes se evidenció en el asalto a un complejo de apartamentos en el barrio de South Shore, donde, según informes, agentes descendieron en rappel desde helicópteros Black Hawk, entrando a la fuerza en las viviendas mientras las familias dormían.
Testimonios de residentes y activistas de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), indican que, entre los detenidos y atados con bridas, había niños y ciudadanos estadounidenses.
Por su parte, el concejal de Chicago, Jessie Fuentes, también fue esposado en un hospital tras intentar exigir una orden judicial.
La preocupación por el incremento de la violencia se agrava más con el uso más frecuente de agentes químicos, que, según ICIRR, han sido empleados en las calles y durante operativos, incluso cerca de una escuela primaria en el barrio de Logan Square.
En ese contexto, la legisladora demócrata, Lilian Jiménez, comparó las acciones de los agentes con las de un ejército invasor que aterroriza a las familias. Igualmente, vulnera los derechos constitucionales.
A su vez, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió las tácticas, calificando la misión de peligrosa y alegando amenazas a la vida de los oficiales.
Mientras, los funcionarios federales buscan a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, la ofensiva ha generado una fuerte respuesta legal y política.
El pueblo de Broadview, sede de un centro de procesamiento de inmigración, ha llevado su lucha a los tribunales, exigiendo la retirada de una valla instalada ilegalmente por considerarla un peligro para la seguridad pública.
Además, solicitan prorrogar el decreto migratorio de 2022 debido a docenas de presuntas violaciones por agentes federales.
NAM/Agencias
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