El proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC está a punto culminar, en medio de retrasos logísticos, su primera fase de aplicación. Alrededor de 7.000 combatientes se encuentran en plena transición hacia la vida civil, lo que incluye la entrega de sus armas, mientras las autoridades esperan que los beneficios del fin del conflicto se noten antes de entrar en la recta final de la campaña de las presidenciales de 2018. Desde la firma del segundo acuerdo el pasado 24 de noviembre, el avance es sustancial: tras más de 50 años, en Colombia terminó la guerra. Pero, ¿cómo va el desarrollo de la paz? La Fundación Paz y Reconciliación, uno de los principales observatorios del país, y la iniciativa Unión por la paz, encabezada por el analista León Valencia y el expresidente Ernesto Samper, han ahondado en los problemas y en los retos de la implementación de lo pactado con la guerrilla, que en su opinión necesita en estos momentos un “relanzamiento” del proceso.
Una de las conclusiones de un informe al que ha tenido acceso a EL PAÍS alerta sobre la “preocupante” situación en los territorios abandonados por las FARC, que han ido dejando sus áreas de influencia en 242 municipios para agruparse en 26 zonas rurales de tránsito. “En algunos municipios, se advierte sobre la presencia de nuevos grupos armados ilegales y estructura criminales, los cuales tendrían interés en controlar las economías criminales como los cultivos de coca, la minería ilegal y la extorsión”, señala el estudio, que va más allá al observar en algunas regiones el crecimiento de la delincuencia común hasta calificarlo de “anarquía criminal”. El repliegue de los guerrilleros ha abierto la puerta a la ocupación del segundo grupo insurgente activo en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, a la expansión de bandas criminales y mafias dedicadas al narcotráfico como el Clan del Golfo y a la disidencia de las FARC.
La fundación advierte también sobre “una crisis de violencia sistemática contra líderes sociales asociados al proceso de paz, la defensa de los derechos humanos y las víctimas”. Entre noviembre y el 15 de mayo se registraron 41 homicidios contra este tipo de activistas, aproximadamente, uno cada cuatro días, y “108 hechos victimizantes”, entre los que figuran amenazas, atentados, secuestros y detenciones arbitrarias. Con todo, el informe señala que “en las últimas semanas la intensidad de la violencia se ha reducido”. Las razones: “En gran parte, obedecería a las medidas que ha venido tomando el Gobierno, particularmente desde que asumió Oscar Naranjo como vicepresidente y comenzó a liderar los asuntos de seguridad. Igualmente obedecería a la veeduría social y política que han realizado diferentes organizaciones sociales”.
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