Durante décadas, el miedo silenció a un pueblo entero. Hoy, ese silencio comienza a romperse. Un mes después del fallo del Tribunal Superior de Antioquia que responsabiliza a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por la creación y liderazgo del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, las víctimas del paramilitarismo en Yarumal aseguran que, por primera vez, sienten que la justicia empieza a reconocer su dolor.
“Ya no tengo miedo de decir que fue Santiago Uribe quien mató a mis hermanos”, afirma Olga Torres, una campesina que lleva más de 30 años esperando que el Estado reconozca que Carlos Guillermo y Omar Darío Torres, asesinados en 1993, no eran guerrilleros, sino trabajadores rurales. Sus hermanos fueron ejecutados tras renunciar a la hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez, que —según la sentencia— funcionó como base de operaciones de uno de los grupos paramilitares más violentos del norte antioqueño.
La condena en segunda instancia, emitida el pasado 25 de noviembre, sentenció a Santiago Uribe a 28 años de prisión por concierto para delinquir agravado, conformación de grupos paramilitares y homicidio agravado. El fallo, además, ordena investigar otros crímenes atribuidos a Los 12 Apóstoles, organización señalada de cometer asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, amenazas y desapariciones.
Según cifras oficiales, al menos 300 familias de Yarumal fueron afectadas directamente por este grupo armado. Las autoridades locales elevan el número de asesinatos a 533, mientras que la Unidad para las Víctimas registra 10.858 personas impactadas directa o indirectamente por la violencia, cerca de una cuarta parte de la población del municipio.
Para las víctimas, la sentencia no solo desmonta el discurso de la “limpieza social” que durante años justificó los crímenes, sino que también valida una verdad largamente negada. El tribunal determinó que la violencia de los años noventa en Yarumal no fue producto de hechos aislados, sino de una estructura criminal organizada, incluso con listas negras de personas consideradas “indeseables”.
“El fallo reconoce por primera vez el dolor acumulado durante décadas”, sostiene Sergio Mesa, periodista y abogado que representa a varias víctimas. A su juicio, la decisión judicial abre la puerta para nuevas investigaciones que podrían vincular a financiadores del grupo, miembros de la fuerza pública e incluso a figuras políticas. “La impunidad de Santiago Uribe fue posible por el poder político de su hermano”, asegura.
En la plaza central de Yarumal, Sulma María Vásquez recuerda a su hermano Yohany Humberto, asesinado en 1994 con apenas 19 años. “No quiero plata, quiero justicia. Quiero que digan que no era un guerrillero, que lo mataron porque Los 12 Apóstoles podían hacerlo”, reclama. Como ella, decenas de familias buscan limpiar el nombre de sus muertos y ejercer, por fin, su derecho a reconocerse como víctimas.
Ese proceso de memoria también se refleja en el Aula del Nunca Más, un espacio comunitario donde cartas, fotografías y objetos personales recuerdan a quienes fueron asesinados o desplazados. Para sus gestores, el fallo judicial representa una oportunidad histórica para reescribir el relato de un pueblo que normalizó la violencia y culpó a las víctimas.
Mientras tanto, Olga Torres transforma su duelo en memoria viva. En Santa Rosa de Osos, levantó un vivero con más de 60.000 palmas de cera, árbol nacional de Colombia, como homenaje a sus hermanos. “La reparación no me la dio ninguna sentencia, la busqué por mi cuenta”, dice. Sin embargo, reconoce que la condena, aunque tardía, le devuelve algo esencial: la verdad.
“Mi padre murió esperando que alguien confirmara lo que siempre supimos”, concluye. “Hoy, después de más de tres décadas, al menos sabemos que no estábamos equivocados”.
NAM/El País
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