La justicia del estado de Georgia acusó en las últimas horas del lunes al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que hace campaña por volver a la Casa Blanca, y a otras 18 personas de su círculo cercano por el presunto intento de alteración del resultado de las elecciones de 2020 en ese estado. Es el cuarto caso contra el exmandatario, actual favorito para la nominación republicana de cara a las presidenciales de 2024.
Así lo comunicó la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quien exhibió los argumentos contra los 19 acusados en virtud de una ley vigente en Georgia sobre la “delincuencia en banda organizada”, que se suele usar contra las pandillas. Esa acusación prevé penas de entre 5 y 20 años de prisión. Particularmente, Trump enfrenta 13 cargos en esta investigación.
En rueda de prensa en la ciudad de Atlanta, capital de este estado del sureste del país, la fiscal defendió las pruebas y afirmó que tanto Trump como el resto de los acusados tienen hasta el 25 de agosto “para rendirse” a la Justicia de Georgia.
En ese sentido, la fiscal señaló que quería juzgar a los 19 acusados, incluido el exjefe de gabinete de Trump Mark Meadows y su abogado personal Rudy Giuliani, en un mismo juicio “dentro de seis meses”, pero recordó que es el juez quien fija la fecha.
“Georgia, como todos los estados, tiene leyes que permiten a aquellos que creen que los resultados de una elección están equivocados (…) impugnar esos resultados en nuestros tribunales estatales”, declaró la fiscal.
“La acusación formal alega que, en lugar de acatar el proceso legal de Georgia para impugnaciones electorales, los acusados se involucraron en una empresa de crimen organizado para anular el resultado de la elección presidencial de Georgia”, añadió.
Donald Trump no se quedó callado una vez que se conocieron las declaraciones del fiscal y las nuevas acusaciones. Tildó de “amañada” y de “caza de brujas” su inculpación por parte de la justicia del estado de Georgia por un presunto intento de alterar las elecciones de 2020.
La acusación contra Trump y su entorno
La acusación contiene un total de 41 cargos, que incluyen declaraciones falsas, usurpación de cargo público, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, presión a testigos, una serie de delitos informáticos o incluso perjurio. Abarca tanto al expresidente norteamericano como a miembros de su entorno.
La investigación comenzó a raíz de una llamada telefónica de enero de 2021 -cuya grabación se ha hecho pública- en la que Trump pidió a un funcionario local, Brad Raffensperger, que “encontrara” aproximadamente 12.000 papeletas a su nombre que le faltaban para ganar los 16 electores de Georgia.
Un gran jurado reunido en Atlanta aprobó la inculpación después de que los testigos convocados por la fiscalía declararan durante toda la jornada. La fiscal Willis fue quien creó este panel de ciudadanos con poder para investigar si había pruebas suficientes para acusar a Trump, en particular por fraude e interferencia electoral.
Sin posible indulto
“Willis ha estancado estratégicamente su investigación para tratar de interferir al máximo con la carrera presidencial de 2024 y dañar la campaña dominante de Trump” en las encuestas, según el texto, que no confirma explícitamente su acusación.
Para evitar posibles presiones o violencia, se instalaron barreras de seguridad frente a la corte en el centro de Atlanta donde se llevó a cabo la investigación. A diferencia de los juicios federales, el procedimiento en Georgia es televisado, pero el magnate, que debe gran parte de su fama a un programa de telerrealidad, podría pedir que un abogado lo represente.
Aunque ganara las presidenciales de 2024, si fuera condenado, no podría indultarse ni hacer que la fiscalía retirara los cargos, porque se trata de un caso en los tribunales del estado de Georgia, sobre el cual el estado federal no tiene autoridad.
Trump ha sido inculpado por otros tres casos: por presunto intento de conspiración para alterar el resultado de las elecciones de 2020 (en un caso en Washington), por negligencia en la gestión de documentos confidenciales (en un tribunal de Florida) y por supuestos pagos ocultos a una antigua actriz porno para comprar su silencio (en una corte de Nueva York).
NAM/AFP
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