La historia electoral venezolana está llena de episodios en los que, cada vez que se oficializaba el resultado final, afloraban de inmediato expresiones como “¡fraude!”, “¡trampa!”, o aquella que, de tanto usarla, llegó a convertirse en un lema: “acta mata votos”, que en el argot electoral significa que, independientemente del candidato o partido que obtuviese la mayor aceptación de los electores, al final lo que le otorgaba el triunfo era lo que aparecía en el acta de votación.
Quizás por tratarse de un proceso donde se elegía al presidente de la República, el más recordado de estos eventos fue en 1993, cuando cuatro candidatos (Rafael Caldera, Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz y Andrés Velásquez) protagonizaron una intensa disputa por la silla de Miraflores.
En esa oportunidad, pocos días antes de la elección comenzó a despuntar en las encuestas y sobre todo en las voces de hombres y mujeres de a pie la figura del sindicalista Andrés Velásquez, quien había sido elegido en dos oportunidades como gobernador del estado Bolívar, como la opción que en definitiva acabaría con el bipartidismo que gobernaba el país desde 1958.
Precisamente ese factor fue clave para que la presión de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, liderados por el entonces ministro de la Defensa, Radamés Muñoz León (un militar de la Armada identificado con sectores de la derecha conservadora), incidiera en el resultado que dio como ganador a Rafael Caldera y relegó a Velásquez al cuarto puesto.
El abanderado de La Causa Radical, quien según el escrutinio definitivo del Consejo Supremo Electoral obtuvo 1.232.653 sufragios, que representaron el (21,95 %), denunció que se había cometido fraude y basó su apreciación en que, presuntamente, funcionarios del Plan República impidieron que en muchos centros electorales representantes de su partido presenciaran el conteo de los votos.
A esta denuncia de Velásquez se sumó otra situación irregular: fueron halladas varias cajas con boletas electorales del referido proceso en las zonas aledañas a la propia sede del Consejo Supremo Electoral en Caracas, cuando ese material debió quedar en resguardo por parte del Plan República.
Días después, la poca imagen de transparencia de ese acto electoral se vino a pique con el hallazgo de numerosas boletas electorales quemadas y semidestruidas en el vertedero de basura La Bonanza, ubicado en los Valles del Tuy, a unos 50 kilómetros de la Capital, lo que generó aún más dudas sobre la legitimidad del triunfo de Rafael Caldera.
Las planillas planas de Súmate. Otra de las modalidades de fraude registradas en Venezuela quedó grabada en el año 2004 durante el proceso de recolección de firmas promovido por la organización Súmate, liderada por María Corina Machado y Alejandro Plaz, para solicitar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria a un referendo revocatorio del mandato del presidente de la República, Hugo Chávez Frías.
Este proceso (realizado a motu propio por Súmate, sin el aval del CNE y con un método completamente manual), de acuerdo con una minuciosa investigación técnica realizada por el ente comicial, se gestó de manera fraudulenta, pues las planillas que se utilizaron para la captación de las rúbricas, denominadas “planillas planas”, fueron elaboradas en su mayoría con firmas falsificadas, incluso de personas fallecidas, y firmas duplicadas que multiplicaron el número real de las personas que solicitaban el revocatorio al mandato de Chávez.
En aquella oportunidad, el entonces diputado a la Asamblea Nacional, Luis Tascón, denunció la irregularidad de Súmate y le solicitó la entrega de las copias de las actas donde recopilaron las firmas para la activación del referendo, que nunca les fueron presentadas.
Machado insiste en el voto manual. Tras la oficialización de la fecha para la celebración de las elecciones primarias de los sectores de oposición, agrupados en la llamada Plataforma Unitaria (pautadas para el domingo 22 de octubre de 2023, de cara a elegir un candidato para los comicios presidenciales de 2024), comenzó a generarse un debate interno entre las distintas fracciones y tendencias que conforman este bloque, no solo si en definitiva estos comicios se realizan de manera manual, como lo prefiere la mayoría de sus dirigentes, o si, por el contrario, aceptarían la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, con la consecuente aplicación del sistema automatizado.
Esta posición de Machado en favor del voto manual no es nada nuevo, y por ello vale recordar que en varias oportunidades se ha negado rotundamente a la posibilidad del voto electrónico.
Sobre esta situación, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó recientemente que a Machado y a la mayoría de la dirigencia de la Plataforma Unitaria, no les conviene el que se aplique un sistema automatizado para sus elecciones primarias, pues como están acostumbrados a las “trampas” que se hacían en la cuarta República, ahora les sería imposible hacerlo.
UCV: Un ejemplo reciente
Aunque no se trata exactamente de un proceso donde se eligen cargos de representación popular, los recientes comicios realizados para designar a las nuevas autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) son una muestra fehaciente de las dificultades que en la actualidad implica en realizar unas elecciones con el método manual, más aún con la utilización de equipos obsoletos con más de dos décadas de antigüedad, situación que, según denunció en reiteradas oportunidades el movimiento Juntos por el Patrimonio, sirvió para generar confusión y apatía en la comunidad ucevista que clama por la renovación de una directiva con 15 años en el poder.
Todo ello quedó evidenciado en el abortado proceso que se pautó para el 26 de mayo, en el que, de entrada, todos los aspirantes a rector y sus respectivas planchas, expresaron su inconformidad con la manera tan improvisada.
Las principales fallas que salieron a flote el 26 de mayo fueron: la insuficiencia de papeletas, pues aquí no se tomó en cuenta que, por primera vez, las elecciones en la UCV tendrían un universo de más de 200 mil electores, muy superior a los padrones de anteriores comicios. Adicionalmente, no hubo un resguardo adecuado del material electoral y parte del mismo se dañó como consecuencia de la lluvia que le cayó en el lugar donde estaba depositado.
Asimismo se detectaron fallas en la destrucción del material electoral en las respectivas facultades. Todo ello propició que el evento fuera suspendido y se hiciera una nueva convocatoria para el 9 de junio.
Si bien en este proceso se corrigieron errores del primer intento, igualmente se registraron varias irregularidades que fueron expuestas el pasado viernes en un comunicado de Juntos por el Patrimonio, en el que se precisó, entre otras cosas, que la UCV “no posee un registro electoral actualizado ni posee validación contra el registro de identidad nacional. Además, no existe procedimiento de auditoría del registro para que las partes puedan validar la información en él contenida”.
También se denunció que “el sistema de totalización no utiliza manejador de base de datos robusto que cumpla con estándares tecnológicos, ni criterios de seguridad y un efectivo manejo de respaldos”.
Sistema automatizado garantizó la transparencia
Las condiciones y garantías para que los venezolanos ejerzan el derecho al sufragio han evolucionado desde el año 1999.
Desde entonces, es tradicional que en Venezuela se realicen elecciones, por lo menos, interanual. Para ello, el Consejo Nacional Electoral ha puesto en marcha un proceso continuo de automatización del voto.
Sin embargo, antes de la aprobación de la Constitución de 1999, el sistema de votación era manual, y muchos observadores políticos le atribuyeron fallas y vicios que manipulaban la intención del voto.
Las irregularidades en las elecciones en las que el voto era manual se convirtieron en una condición sistemática del aparato político.
Este mecanismo se prestaba para acciones fraudulentas que favorecían a los partidos más grandes. Aquí nació la conocida frase “acta mata voto”, que describía lo amañado que era el proceso de votación por la falta de testigos de las agrupaciones políticas más pequeñas en las mesas electorales, situación aprovechada por los partidos dominantes (Acción Democrática y Copei), que se repartían los votos entre ellos y forjaban las actas, de acuerdo con informaciones recogidas en aquella época en los medios de comunicación social.
La implementación del voto electrónico en Venezuela ha sido progresiva. Las primeras elecciones totalmente automatizadas fueron las de 1998, asistidas por una compañía extranjera, la cual se encargó de los procesos electorales que se llevaron a cabo entre 1999 y 2003.
El sistema era mixto: los cuadernos seguían siendo manuales y la votación era sobre un tarjetón, en el cual se rellenaba un óvalo con un bolígrafo, pero el voto era introducido en unas máquinas con un lector óptico para hacer el conteo y la totalización de forma automatizada.
A partir del año 2003, la inversión para lograr la automatización de las diferentes fases del proceso electoral se intensificó.
En el año 2004, Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en realizar una elección nacional con máquinas que imprimían el comprobante del voto.
Luego, en 2012, el país volvió a marcar la pauta, cuando realizó la primera elección nacional con autenticación biométrica del elector, para evitar el voto de un impostor, y la posterior activación de la máquina de votación.
Este avance progresivo en la automatización del proceso electoral, para hacerlo más expedito y transparente, ha sido complementado con la ampliación de los procesos de auditorías que se realizan en comicios tanto nacionales como regionales y municipales.
Entre las auditorías que avalan los procesos electorales están las que se realizan al software de votación, de producción de las máquinas de votación, de pre despacho de máquinas de votación, de infraestructura, al Sistema de Identificación Biométrica, de producción del Sistema de Identificación Biométrica, a la red de transmisión de datos, del sistema de totalización, de cierre, de las memorias, posterior, de boletas electrónicas y de cuadernos impresos.
El método de votación venezolano se fortaleció con la entrada del Sistema de Autenticación Integral (SAI), última fase de la automatización, que permite al elector activar la máquina con su impresión digital, lo que representa una garantía más para la integridad del voto, que a su vez se facilita con la exposición en pantalla del candidato o partido político.
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