El Gobierno de Nicaragua informó este viernes de que cumple con su parte en las negociaciones con la oposición, al enviar todos los días a una delegación a la sede de las discusiones, cuando los opositores exigen la ejecución «concreta» de los acuerdos firmados por las partes, antes de retomarlas.
«Seguimos cumpliendo con lo que hemos acordado en la hoja de ruta (…) donde establecemos precisamente (…) la obligación de reunirnos todos los días», informó el ministro nicaragüense de Exteriores, Denis Moncada, en medios del Gobierno.
Aunque las negociaciones para superar la crisis local concluyeron el pasado 3 de abril, el Gobierno sostiene que estas continúan, mientras que su contraparte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ha afirmado estar dispuesta a retomarlas si el Ejecutivo cumple con los compromisos «concretos» firmados en las discusiones previas.
Dichos compromisos se resumen en la libertad de cientos de «presos políticos» y el respeto a la Constitución de Nicaragua en lo referido a la libertad de expresión y de prensa.
Moncada insistió en que el cumplimiento del Gobierno se refleja en su voluntad de «continuar conversando».
La Alianza Cívica calificó ayer al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de ser «propagandista», por «querer presentarse como dialogantes de buena fe», cuando lo que corresponde en cumplir con la libertad de los «presos políticos» y obedecer la Constitución en lo que corresponde a las libertades públicas.
El Gobierno afirmó que, al igual que su delegación, en la sede de las negociaciones han estado presentes los «testigos y acompañantes» de las mismas: el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Luis Ángel Rosadilla.
Sommertag y Rosadilla han recibido críticas en Nicaragua por supuestamente no exigir al Gobierno que cumpla con los acuerdos firmados.
La crisis de Nicaragua, iniciada en abril de 2018, ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos locales elevan la cifra a 568. El Ejecutivo reconoce 199.
Adicionalmente la Alianza Cívica cuentan 809 «presos políticos», casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».
La OEA tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por ruptura del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.
EFE
