Venezolanos residentes en México han construido una red perfectamente estructurada entre ambos países que hace acopio de medicinas para enviar a fundaciones en Venezuela, a cuyo Gobierno piden que declare al país en emergencia humanitaria.
«Estamos totalmente en contacto con los organizadores y los trabajadores de las fundaciones», cuenta a Efe la doctora Omarli Brizeño, quien admite que la clandestinidad de sus acciones es irremediable debido al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El Gobierno «no ha declarado emergencia humanitaria» y, al no hacerlo, no puede recibir ayuda humanitaria, y el país la necesita, señala.
La organización opera desde una parroquia del barrio de San Fernando, en el sur de Ciudad de México. A unos pasos de la capilla, disponen de una sala austera, de desnudas paredes ocre y azulejos granates atestados por maletas.
Mujeres y hombres reciben y clasifican con precisión cirujana las medicinas, para después enviarlas a Venezuela con viajeros anónimos para un mejor control, en el que disponen de sillas identificadas que rodean las paredes y que sirven para clasificar los medicamentos por orden alfabético.
Las donaciones provienen de diferentes ciudades mexicanas, como Monterrey, Querétaro o Pachuca, y llegan a los diferentes aeropuertos de Venezuela.
Cada kilo cuenta, así que recortan con tijeras los envoltorios de las pastillas, tratando de doblar la capacidad de las cajas. Después, todo se cubre de celofán y se introduce en las maletas, ya listas para el envío.
Las autoridades venezolanas han incautado en diversas ocasiones no solo las medicinas, sino también los pasaportes de los viajeros. «Me detuvieron, me están pidiendo dinero, me requisaron el pasaporte», son algunos de los imprevistos que enumera Guevara.
Venezuela es escenario desde hace 74 días de una ola de protestas que ha degenerado en hechos violentos en los que ha habido 67 muertos, más de un millar de heridos y más de 3.132 detenidos, de los cuales 1.350 siguen privados de la libertad.
NV1/EFE
