¡VENEZOLANOS BAJO INCERTIDUMBRE! España dejará de dar residencia temporal humanitaria a partir de este 12 de junio

España dejará de otorgar y renovar residencia temporal por razones humanitarias, como las concedidas en los últimos años a ciudadanos venezolanos, a partir de este viernes 12 de junio, cuando entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El Ministerio de Interior español informó este jueves 10 de junio, a través de un comunicado de prensa, cómo se aplicará el pacto que especifica que España “dejará de reconocer y renovar estatutos de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional tal y como venía haciendo hasta ahora”.

Para los que tienen actualmente una residencia temporal de estas características, debido a que ya no se podrá renovar ni tampoco solicitar reagrupación familiar, el Ministerio de Interior estipula que deberían haber pedido “otras autorizaciones de residencia y trabajo”.

El Gobierno español puso en marcha en 2018 ese permiso especial para los ciudadanos venezolanos ante el elevado número de solicitudes de asilo y la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado, lo que ha permitido regularizar la situación de unos 240.000 ciudadanos de Venezuela en España.

Protección internacional en frontera

España aplicará desde mañana el pacto europeo y establecerá un procedimiento de protección internacional en frontera, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, para los migrantes que llegan en embarcaciones precarias a las costas españolas o sean interceptados en un intento de entrada irregular.

Hasta que se resuelva esa petición de protección internacional, el solicitante no podrá recibir una autorización de entrada al territorio y deberá permanecer en unas instalaciones habilitadas, aunque no privados de libertad.

Además, dentro de este procedimiento, la denegación de la solicitud de asilo conllevará el retorno y se procederá a la denegación de entrada o devolución.

En las peticiones de protección internacional en puestos fronterizos, el Gobierno español asegura haber optado por “un enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los solicitantes”, que tendrán las garantías propias de la normativa española como asistencia jurídica, intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la posibilidad de reexamen.

NAM-Agencias