El pasado 7 de abril, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), dio inicio a una campaña en Twitter a través de una de sus cuentas @PrensaCicpc, en el que a la fecha, usuarios de la red social denuncian como odio y persecución política a los venezolanos que participan libremente en las manifestaciones de Caracas.
La campaña, con el fin de “garantizar la paz en Venezuela”, invita a dar información sobre los supuestos “generadores de violencia” en el que indican que sea notificada de manera anónima a la cuenta @0800Cicpc24.
Aunque la difusión comenzó el viernes, 7 de abril, el aumento de estos señalamientos, la aparición de nuevas cuentas con el mismo tipo de mensajes y la inclusión de más rostros en las horas siguientes, desató las críticas en las redes sociales el sábado pasado.
“Estas personas son señaladas públicamente como violentos por una cuenta que es institucional y de allí la gravedad del hecho, porque eso es terrorismo de Estado”, denunció el abogado penalista Eliécer Jiménez, quien además resaltó que en las fotografías difundidas, a ninguno de los señalados se les ve con armas o en una actitud que realmente evidencie que promueven la violencia.
El seudónimo “generadores de violencia” no solo fue aplicado a ciudadanos, sino también a los elegidos legisladores por voto popular y a defensores de derechos humanos que participaron en las marchas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Entre los principales acusados divulgados en las redes sociales mediante la campaña, se encuentra el concejal José Gregorio Cáribas, presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad del Cabildo Metropolitano; la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Portuguesa, María Beatriz Martínez; y la coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón.
Organizaciones civiles como Foro Penal Venezolano, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, responsabilizaron al Estado por la integridad de las personas a quienes se etiquetaba como “generadores de violencia”.
Inti Rodríguez, coordinador de Investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), alegó que los acusados pueden ejercer tres acciones sencillas para acabar con el problema. La primera de estas es reportar ante Twitter los mensajes que fueron enviados a través de estas cuentas, en la que la compañía podría sancionar al usuario con el bloqueo y eliminar lo difundido.
La segunda acción es penal, explicó Rodríguez, “porque se les juzga anticipadamente, se les califica como terroristas y generadores de violencia y quedan sometidos a una campaña de descrédito”. Por esas razones, las víctimas pueden denunciar el riesgo que corren al poner estos mensajes y responsabilizar ante el Ministerio Público tanto al director del Cicpc, Douglas Rico, como al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
La tercera acción también se ejerce ante la Fiscalía, donde los afectados pueden solicitar medidas cautelares de protección en caso de sentirse amenazadas por los tuits emitidos por el cuerpo policial.
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