La redada judicial aterriza en el Ministerio Público del estado Carabobo y con ella la sombra de la muerte cuando, nada menos que el fiscal superior de esa entidad central, Miguel Durán Trejo y otros diez fiscales fueron aprehendidos por una investigación de corrupción en la cual salen señalados. En ese ínterín el fiscal auxiliar superior, Luis Maldonado, decidio quitarse la vida en un motel de la ciudad de Maracay, estado Aragua.
La publicación de esta información en el diario Versión Final detalla que según versiones extraoficiales, el segundo al mando del Ministerio Público en Carabobo se habría visto involucrado en la investigación que ejecuta la Dgcim tras la captura de los otros 11 fiscales. Al parecer, según publicó César Moya, expertos en telefonías y fiscales nacionales decomisaron los teléfonos de los detenidos y vaciaron todo su contenido, encontrando grabaciones, llamadas, mensajes y otros elementos comprometedores.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este viernes que el Ministerio Público imputó a Durán Trejo, junto a otros 10 exfiscales, por presuntos hechos de corrupción y actuaciones irregulares en el ejercicio de sus funciones.
A través de su cuenta de Instagram, identificó a los exfuncionarios como Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Ángel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángel Dorta Sivira.
Los detenidos enfrentan cargos por la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la administración de justicia, obtención de ventajas o beneficios económicos como funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información reservada y asociación para delinquir.

Según la investigación, los exfiscales mantenían comunicación directa con el abogado Rafael Reyna, quien se hacía pasar por fiscal del Ministerio Público para exigir grandes sumas de dinero a las partes involucradas en procesos judiciales.
A cambio, ofrecía favores en las investigaciones y proporcionaba información sobre causas penales en diferentes despachos fiscales de Carabobo, lo que comprometía la integridad de los procedimientos.
Saab destacó que estas acciones forman parte de la “implacable lucha contra la corrupción” emprendida por el Ministerio Público para depurar la institución. Detalló que, bajo su gestión, 556 exfuncionarios han sido procesados, de los cuales 138 ya están acusados y enfrentan juicios con pronóstico de “condenas ejemplares”.
Hasta la fecha, se han obtenido 54 sentencias condenatorias y se imputó a un total de 285 exfuncionarios, con avances significativos en las investigaciones.
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NAM/Versión Final/Ministerio Público
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