El viernes 25 de abril, un fallo emitido en El Paso, Texas, por el juez federal David Briones marcó un importante revés para las medidas migratorias impulsadas bajo la administración de Donald Trump. Briones ordenó la liberación inmediata de Julio César Sánchez Puentes y Luddis Norelia Sánchez García, dos migrantes venezolanos que habían sido arrestados bajo acusaciones de vínculos con grupos terroristas, pese a la ausencia de pruebas sólidas.
La decisión judicial, reportada por The Washington Post, expuso serias deficiencias en el procedimiento llevado adelante por las autoridades federales, que intentaron justificar la detención apoyándose en testimonios poco confiables y documentos inconsistentes. Briones subrayó que ni siquiera se alcanzó el umbral mínimo de evidencia requerido para proceder con medidas tan severas como la deportación.
Sánchez Puentes y Sánchez García habían ingresado a Estados Unidos en octubre de 2022 y se encontraban protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS). Sin embargo, en abril de 2025, se les notificó la revocación de este beneficio bajo el argumento de una presunta afiliación al Tren de Aragua, una organización venezolana previamente clasificada como terrorista. La defensa de los migrantes, encabezada por Sirine Shebaya del National Immigration Project of the National Lawyers’ Guild, alegó violaciones flagrantes al debido proceso, denunciando que los documentos legales fueron presentados en inglés, idioma que los acusados no dominan, y que durante su detención no contaron con acceso adecuado a representación legal.
Además, tras el fallo favorable, Shebaya denunció que las autoridades migratorias ignoraron la orden judicial al colocar grilletes electrónicos a la pareja, una acción que calificó como abiertamente ilegal.
Más allá del caso específico, la resolución de Briones sienta un precedente para los procesos migratorios en el distrito oeste de Texas. A partir de ahora, cualquier inmigrante detenido bajo acusaciones similares deberá recibir una notificación clara con un plazo de 21 días para impugnar su clasificación, en contraposición al plazo de apenas 12 horas que proponía el gobierno.
El dictamen también reafirma que el gobierno federal no puede eludir las protecciones constitucionales básicas, incluso cuando actúa bajo proclamaciones de emergencia. Esta victoria para los derechos de los migrantes refuerza la importancia del acceso a un proceso justo y podría impactar numerosos casos aún pendientes en la región.
NAM/Agencias
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