Patrullan la ciudad con fusiles de asalto A-47 y recorren los pasillos de los shopping, ahora vacíos de compradores. Alertas, como en campos de guerra, se desplazan con sus uniformes negros por avenidas y rotondas, donde hace apenas unos meses eufóricos manifestantes se reunían ondeando banderas de Nicaragua y gritando “Que se vaya Daniel Ortega”.
19 de abril de 2018. Alejandra y sus compañeros de clase salieron a protestar en la zona de Metrocentro, un transitado sector de Managua donde confluyen varias universidades. Y allí fueron atacados con gases lacrimógenos y balas por la Policía. Si bien las protestas se iniciaron contra una reforma al seguro social, que afectaba a los abuelos de esos chicos con la reducción de sus pensiones, poco después se extendieron a todo el país ante la represión policial contra los manifestantes, que dejó 325 muertos y más de 2.000 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH documentó los crímenes y determinó que la mayoría de las víctimas murieron por impactos de bala en la cabeza y el tórax. Como resultado de la crisis, la misma comisión de la OEA contó al menos 700 presos, la mayoría aún en las cárceles, y más de 60.000 exiliados, en un país de sólo 6,3 millones de habitantes.
“Antes de abril muchos pensaban que los jóvenes éramos indiferentes, pero en varios espacios nos cuestionábamos nuestro papel, nos preguntábamos qué hacer”, dice en diálogo con Clarín Madelaine Caracas, una estudiante de periodismo de apenas 20 años que participó en las protestas, fue amenazada de muerte y ahora es activista de derechos humanos y vocera del movimiento universitario en el exilio.
Y es que detrás de esos reclamos había mucho más: “Nos agobiaba el hecho de crecer en un país donde vas a votar por primera vez y siempre queda el mismo presidente porque se roba los votos; donde ves violencia a diario y la corrupción permea cada entidad del Estado; donde no hay justicia para las mujeres abusadasy donde el Ejército mata a los campesinos sin que la Policía o el Poder Judicial den respuestas”, razonó Caracas.
Durante semanas y meses el país observó por televisión escenas dramáticas, como la de una familia que fue quemada viva dentro de su casa, porque el padre no permitió que un grupo de paramilitares y francotiradores protegidos por policías ocupara la azotea para sus operaciones. Seis de los ocho miembros de la familia Pavón, incluyendo dos bebés murieron calcinados, debido a que los pistoleros no dejaron que los bomberos voluntarios hicieran su trabajo.
Tras el fracaso de un primer intento de diálogo, de mayo a julio, el gobierno acusó a los opositores de fraguar un “golpe de Estado terrorista” para derrocar a Ortega, un ex guerrillero de 73 años que luchó bajo la bandera sandinista contra el dictador Anastasio Somoza, gobernó durante la revolución de los años 80 y retornó hace 12 años al poder, de donde no quiere ni piensa irse.En fotos: un año de muerte y represión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua
“El comandante se queda”, es la advertencia que aparece hoy en las paredes de las casas de los opositores, un slogan hecho cumbia para que la bailaran eufóricos paramilitares y policías, exhibiendo sus fusiles humeantes en las redes sociales.
Como parte de la “resistencia cívica”, millares de personas protagonizaron decenas de manifestaciones en Managua y otras ciudades importantes, donde la opositora Alianza Cívica convocó además a tres paros de alcance nacional. En todas las protestas, su principal exigencia era un cambio de gobierno.
Recuento del horror: La «operación limpieza»
Pero Ortega no sólo no se fue, sino que ejecutó la llamada “operación limpieza” mediante la cual desmanteló a sangre y fuego más de un centenar de “tranques” (retenes campesinos) en todo el país. Decenas de personas murieron en esos operativos, donde el gobierno movilizó a casi 2.000 policías y paramilitares, muchos de ellos veteranos retirados del Ejército sandinista, según aseguró el ex militar opositor Roberto Samcam.
Paralelamente fueron arrestados los principales líderes de las protestas, como los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, los universitarios Edwin Carcache, Byron Estrada y la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coopens, entre una lista que supera las 700 personas, de acuerdo al Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos.
La mayoría de los detenidos son interrogados y encerrados en El Chipote, una vieja cárcel de los tiempos de Somoza y donde también estuvo preso Daniel Ortega en sus años de guerrillero. Entonces como ahora, el lugar es siniestro y ha sido escenario de dolorosas experiencias de madres que buscan a sus hijos capturados, muchas veces sin obtener respuesta.
“Algunas ni siquiera tenían la certeza de que sus hijos estuvieran ahí encerrados. Había y hay cientos de desaparecidos. Hay prisioneros nunca mostrados, hay cadáveres que no fueron entregados a sus familias”, escribió el sociólogo José Luis Rocha, en un artículo en el que enumeró las torturas relatadas por jóvenes excarcelados, que para muchos hoy día podrían parecer sacadas de una película de terror.
Una metodología de represión
La CIDH recibió denuncias de personas golpeadas y sometidas a torturas físicas y sicológicas durante su cautiverio. Otro excarcelados dijeron haber sufrido descargas eléctricas en los genitales, asfixia con bolsas plásticas, baños de ácido y gas pimienta, y uñas arrancadas con pinzas o tenazas.
«Nos colgaban de los grilletes y nos golpeaban como piñatas», contó el estudiante universitario Fredrych Castillo, que pasó más de ocho meses preso y sometido a castigos extremos en la celda de máxima seguridad conocida como «El Infiernillo», situada en la cárcel Modelo, al norte de Managua.
Otros presos, de unos 200 que han salido bajo arresto domiciliario desde el 27 de febrero, coinciden en señalar que la mayoría de los reos están recluidos en celdas estrechas, oscuras, sin ventilación, plagadas de mosquitos y alacranes, con agujeros en el piso saturados de heces. Afirman que la comida se la sirven con trozos de metal, piedras e insectos.
Para investigar los hechos de violencia, la CIDH conformó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por cuatro especialistas extranjeros que trabajaron durante seis meses en el país, pese a los obstáculos para acceder a la información oficial. Fueron expulsados del país en diciembre, cuando la Cancillería decidió poner fin a su misión.
“Pudimos reunir múltiples evidencias que demuestran de manera indudable la responsabilidad de las más altas autoridades del Estado en la implementación de una metodología de represión que implicó el uso de la fuerza letal –incluyendo armas de guerra- contra los participantes en las protestas”, dijo a Clarín el Fiscal General argentino Pablo Parenti, quien formó parte del prestigioso equipo del GIEI.
Parenti lleva dos décadas trabajando en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Argentina y desde 2012 está a cargo de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.
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Indicó que en Nicaragua el GIEI confirmó con imágenes contundentes y relatos de testigos que “la Policía y grupos paraestatales actuaron en la represión de manera coordinada con las estructuras formales del Estado”, que muchos manifestantes heridos no recibieron atención en los hospitales públicos, y que el sistema judicial no sólo no investigó de forma seria “sino que incluso promovió acusaciones y condenas contra manifestantes en expedientes que presentan gravísimas falencias”.
“Es claro que el sistema de justicia fue parte del engranaje represivo y su responsabilidad deberá ser juzgada cuando se desarrollen juicios genuinos. El carácter sistemático y generalizado del ataque contra la población civil, nos llevó a concluir que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad”, subrayó Parenti.
Periodistas en la mira
Tras recuperar el control de la situación con la fuerza de las armas, Ortega prohibió en septiembre las manifestaciones opositoras, si bien la Constitución vigente establece el derecho a la libre movilización y reunión pacífica. Dos meses después el gobierno declaró ilegales a nueve ONG vinculadas al movimiento opositor, incluyendo el Comité Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), fundado hace 28 años.
Clarin
