En un tribunal antiterrorista de Caracas, comenzó el juicio ordenado a dos acusados por el homicidio de Rafael Ramón Acosta Arévalo (50), militar que era investigado por su presunta participación en el asesinato frustrado contra el presidente Nicolás Maduro, dijeron fuentes judiciales.
Por ese hecho son procesados Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zárate Soto, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Estos dos militares detuvieron a Acosta Arévalo el 26 de junio de 2019 en el Centro Comercial Buenaventura, Guatire (Miranda) cumpliendo una orden de aprehensión del Tribunal Militar 3° de Control.
Acosta Arévalo fue presentado ante el mencionado tribunal ubicado en Fuerte Tiuna el 28 de junio de 2019; pero en medio de la audiencia sufrió un desmayo, lo cual ameritó que el juez ordenara trasladarlo al hospital militar “Vicente Salias” donde ingresó sin vida. La autopsia reveló que Acosta Arévalo murió por politraumatismo, tal como lo publicó en su momento Últimas Noticias.
En razón de ello, Tarascio y Zárate fueron imputados por el delito de homicidio preterintencional concausal. El 24 de septiembre de ese mismo 2019, los dos agentes admitieron su participación en la muerte de Acosta Arévalo y fueron condenados a 6 años y 8 meses de prisión, según el Tribunal 36° de Control de Caracas.
Anulada
Pero al año siguiente, específicamente el 9 de octubre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia anuló dicha condena y ordenó celebrar una nueva audiencia preliminar debido a las “graves violaciones constitucionales”.
En ese sentido, los magistrados encontraron que la acusación consignada por el Ministerio Público para activar el juicio contra los dos acusados “adolece de los requisitos fundamentales”. Por esa razón procedieron a su anulación y ordenaron a Fiscalía presentar una nueva acusación.
La Sala también precisó errores en la actuación del Tribunal 36° de Control debido a que este celebró la audiencia preliminar sin la presencia judicial de la víctima. En esa audiencia los funcionarios de la Dgcim admitieron los hechos y fueron condenados.
“Con dicha actuación el referido órgano jurisdiccional infringió los derechos de la víctima», dijo la Sala Penal cuando se avocó al conocimiento de ese expediente. Para cumplir lo ordenado por la Sala Penal, el Ministerio Público realizó una nueva imputación a los dos procesados por los delitos de tortura y homicidio calificado con alevosía el 23/10/20.
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