La crisis de Venezuela ha sido interpretada por los actores políticos nacionales y por los elementos de poder e influencia más importantes de la comunidad internacional como un sistema de caos y distorsiones multidimensionales (crisis económica, social, humanitaria, política, institucional, educativa, laboral, etc.) que fue originado por las políticas de un gobierno que solo busca preservas el poder y todo su entramado de monopolios por todo el lucro financiero que eso representa. Esa es la interpretación y ahora visión de la política exterior de Estados Unidos hacia el gobierno de Nicolás Maduro, que actualmente controla todo el país.
Con base en esa percepción se ha configurado una estrategia política que la clase política agrupada en el sector radical de la oposición, alineado con el proyecto de Juan Guaidó como potencial agente de cambio para una transición de sistema país, es que se consolidó la tendencia del llamado «Gobierno interino» de Guaidó a configurar su gestión, que fue producto de la misma crisis política ante la urgencia del deterioro económico-social de la nación, bajo la premisa de presionar, aislar y provocar un desplome de todos los elementos que sostienen la estructura que aún le permite a Nicolás Maduro y al chavismo permanecer en el poder absoluto de Venezuela.
Esa tendencia y estrategia de presión se engloba en la política de las sanciones, que EEUU ha aplicado históricamente contra los gobiernos de países que Washington considera como «Estados fallidos», tal y como así se refirió al país el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien dijo la semana pasada que «Venezuela es un Estado fallido», por lo cual su «misión» es «lograr que Maduro se vaya del poder», según afirmó en una entrevista televisiva.
El gobierno de Nicolás Maduro, que ya suma siete años en el poder, ha sido el blanco de una ola de presión financiera y diplomática internacional, con la cual Guaidó, la oposición venezolana y el gobierno de EEUU buscan generar las condiciones para que detone un proceso de transición interna, que posteriormente lleve a unas nuevas elecciones presidenciales para un nuevo gobierno y un nuevo sistema que implemente un programa de recuperación macroeconómica de gran envergadura a la crisis de Venezuela.
La sanción más fuerte y que supuso el golpe más duro que Washington le ha asestado hasta ahora al gobierno venezolano fue la decisión del gobierno de Donald Trump de congelar todos los activos de capital y bienes del Estado venezolano en territorio estadounidense, así como la confiscación de la empresa estatal Citgo, filial de la petrolera PDVSA con sede en Houston, Texas. Esa medida la impuso EEUU al gobierno de Maduro el 5 de agosto de 2019.
No obstante, aunque la estrategia de EEUU se ha enfocado también en cortar todas las fuentes de financiamiento personal de altos funcionarios del gobierno venezolano y de la cúpula de poder del chavismo (más de 5.000 millones de dólares del Estado venezolano están represados en bancos corresponsales estadounidenses en Europa), el gobierno de Maduro alega que existe un «bloqueo» por parte de EEUU que le impide al país importar medicinas y alimentos para la población.
Esa premisa es el elemento principal del discurso «antiimperialista» y «anticapitalista» del gobierno socialista de Maduro ante lo que el presidente de la República considera como una «agresión» y un «bloqueo criminal» contra Venezuela en detrimento de su capacidad de pago en el sistema financiero internacional, pero las especificaciones de las sanciones de EEUU, que son emitidas por el Departamento del Tesoro, hacen excepciones claras sobre las compras de medicinas y alimentos de Venezuela a EEUU.
-La guía del Departamento del Tesoro explica que “la Orden Ejecutiva congela propiedades e intereses del Gobierno de Venezuela, pero no prohíbe transacciones que involucren al gobierno de Venezuela si se relacionan con la compra de comida, ropa y medicinas que se utilicen con la intención de aliviar el sufrimiento humano”.
– Las sanciones no prohíben a los estadounidenses realizar “exportaciones o reexportaciones” de artículos a Venezuela, si las transacciones no involucran a personas o entidades sancionadas o ciertas actividades prohibidas.
-Las transacciones permitidas en esta licencia pueden involucrar al Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela y Banco Bicentenario del Pueblo. Están prohibidas las transacciones con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y con el Bandes Uruguay.
-La licencia general 4C autoriza que se realicen transacciones necesarias para exportar o reexportar hacia Venezuela productos agrícolas, medicinas, dispositivos médicos, repuestos y componentes para esos dispositivos médicos, y también actualizaciones tecnológicas y de software para los equipos.
Esos puntos clave del documento oficial del Departamento del Tesoro, que mantiene congelados los fondos, bienes y activos del gobierno de Maduro en EEUU, permiten la renovación las licencias especiales del Estado venezolano para comprar e importar desde Estados Unidos los rubros esenciales para la asistencia humanitaria de la población venezolana.
La medida, que se puede visualizar en la web oficial del Departamento del Tesoro de EEUU, considera productos agrícolas a los siguientes:
- Comida para humanos: incluye comida cruda, procesada y empacada; animales vivos; vitaminas y minerales; aditivos o suplementos y agua potable embotellada. También animales y comida para animales.
- Semillas para cultivos de alimentos.
- Fertilizantes.
- Materiales reproductivos: como animales vivos, huevos fertilizados, embriones y semen para la producción de animales para alimentación.
El bloqueo de EEUU persiste y se mantiene vigente contra los activos, bienes, cuentas bancarias y fondos que poseen los altos funcionarios del gobierno de Maduro (sus ministros y su círculo de confianza) en territorio norteamericano, mas no es vinculante ni aplica para las importaciones del Gobierno y del Estado venezolano en general de rubros humanitarios, alimentarios, médicos y bio-esenciales que requiere la población civil.
Ricardo Serrano
