La muerte por encargo o sicariato es una actividad que denota un enorme deterioro de los valores y la deshumanización del ser humano, pues, se convierte este crimen, hasta en “modo de resolver un problema” sin importar al victimario o victimarios las consecuencias, donde la persona no muestra un ápice de remordimiento y donde claramente le importa un huesito de chabacano la vida de los demás, es decir no hay respeto a la vida humana. El sicario se siente dueño de la vida de los demás y cree que puede disponer de ésta a su antojo, en consecuencia, es uno de los peores crímenes contra la humanidad.
Con información de un reportaje extenso publicado por la periodista Euseglimar González, del portal web La Prensa, de Lara, presentamos un análisis de esta delicada y grave situación que afecta en mucho mayor nivel a algunos estados del país entre los cuales está el Zulia. Las muertes por encargo han aumentado en los últimos años en Venezuela, ahora no sólo se perpetran en las zonas fronterizas con Colombia, sino también en otros estados del país, como Lara y Zulia, además de Caracas.
El estado Zulia es una de las entidades en donde más se cometen muertes por encargo, la mayoría es por delincuentes que pagan para que asesinen a víctimas de extorsión o ajustes de cuentas.
Uno de los casos ocurridos en octubre fue sobre Alexander Arenas, a quien asesinaron a sangre fría, fue interceptado por dos hombres a bordo de una moto y sin mediar palabras le dispararon. El hecho ocurrió en sector Ziruma, en Maracaibo.
La práctica de la extorsión está asociada también al sicariato, por lo general quienes lanzan granadas a viviendas, comercios, locales de comida, empresas, son los mismos operarios del sicariato.
En Maracaibo y San Francisco «se puso de moda» el extorsionar a comerciantes, cumplen las amenazas cuando éstos se niegan a «pagar vacuna» es decir pagar una alta suma de dinero por su vida y la de sus familiares y si éstos (las víctimas) no cumplen con el pago o bien se desentienden de la amenaza, el paso a seguir es el sicariato.
Más peligroso aún
El primer trimestre del año 2021 dejó en evidencia la gran vulnerabilidad de la población venezolana frente a los cuerpos policiales y militares que deben ofrecerle protección a la ciudadanía. En la presente Curva de la violencia FundaRedes ofrece el resultado de su labor de monitoreo y documentación en tres unidades de análisis: homicidios, desapariciones y/o secuestros y enfrentamientos, que constituyen los principales delitos en los seis estados fronterizos del país objeto de estudio: Apure, Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia durante los primeros tres meses del año. Las cifras demuestran que los organismos de seguridad se constituyeron en los principales responsables de las muertes violentas en estas entidades.
Entre enero y marzo de 2021 la Curva de la Violencia documentó 306 homicidios en los 6 estados objeto de estudio. De ese total, 161 murieron en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad; es decir, 52,61% de las víctimas perdieron la vida a manos de uniformados que deberían ofrecer protección a la población. Los demás casos, en su mayoría, fueron robos, actos de venganza, sicariatos y femicidios.
En la distribución por estado de nuevo Zulia ocupó el primer lugar con 146 de estas muertes violentas, por lo que se mantuvo en la punta de la criminalidad al igual que en los ÚLTIMOS dos trimestres de 2020. Le siguió de Bolívar con 56, Táchira con 40, Falcón con 35, Apure con 23 y Amazonas con 6.
En el informe de FundaRedes se detalla cómo durante el primer trimestre del año el Zulia se destacó entre los estados más violentos. El estado Zulia fue una vez más el estado más violento de este lapso en comparación con las demás entidades fronterizas. Allí existe una alarmante presencia de grupos armados irregulares tanto guerrilleros como paramilitares.
En la entidad ocurrieron 146 homicidios, la cifra más alta de los seis estados, incluso muy por encima de Bolívar que en algunos trimestres ha encabezado el registro y que en esta ocasión sumó 56 víctimas. Del total, 105 personas murieron en 75 presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad; es decir, 71,5% de los homicidios en Zulia fueron cometidos durante procedimientos policiales o militares. Polizulia, a través de sus distintas unidades tácticas o especiales, fue el cuerpo policial más involucrado en estos hechos.
Entre los casos destaca la muerte de un antiguo estudiante de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), de 21 años de edad, a quien el Equipo de Respuesta Especial (ERE) de Polizulia, aseguró que se enfrentó con los funcionarios, por lo que “se vieron en la necesidad de responder al ataque”. Sin embargo, la familia de la víctima afirmó que el joven fue secuestrado por los policías que, posteriormente, lo asesinaron, le “sembraron” un arma de fuego y acondicionaron la escena del crimen.
La tasa de homicidios fue de 3,39 por cada 100.000 habitantes.
En Zulia al hampa COMÚN se le atribuyen la extorsión y el asesinato de comerciantes que se niegan a pagar vacuna, incluidos dos casos en la ÚLTIMA semana de marzo. A los denominados “Piratas del Lago” se les responsabilizó del homicidio de cuatro pescadores. También ocurrieron muertes violentas por robos, ajustes de cuentas y venganza.
Adicionalmente, se registraron 18 secuestros y/o desapariciones. Entre los casos hay cinco mujeres y un niño de 2 años de edad que desapareció en Cabimas el 5 de enero mientras jugaba en el patio de la casa. En la entidad se ha criticado el poco interés que las autoridades han mostrado en el caso.
Maracaibo, San Francisco y La Cañada de Urdaneta fueron los municipios con mayor índice de criminalidad en Zulia durante el primer trimestre de 2021.
Adentrándonos al sicariato
En el país se han registrado varios de estos crímenes, pero en algunos de los casos han ocurrido por sicariato pasionales y es cuando las «Viudas Negras» encargan la muerte de sus parejas, algunas veces por infidelidad o para quedarse con la herencia.
En noviembre de 2012, un hombre llegó a la avenida Carabobo entre calles 27 y 28 de Barquisimeto, estado Lara, amenazó a una pareja y le exigió a un muchacho, vecino de la zona, que llamaran a Milta Gudelia Pereira, de 52 años, bajo amenazas el joven no tuvo otra opción que llamar a su vecina.
Cuando la dama caminaba hacia la puerta, el delincuente sacó un arma de fuego, atravesó su mano por las rejas y sin decir ni una palabra disparó contra Milta. La bala impactó en su casa y ella se desplomó hasta morir en el medio de su vivienda.
El delincuente, luego de asesinar a la dama, se puso frente a la pareja que minutos antes había amenazado y les disparó, esto para no dejar testigos.
La pareja se salvó de los impactos de balas, mientras que la dama de 52 años murió y su muerte fue un encargo, según se conoció luego de casi a un año del crimen.
El Cicpc identificó a Elizabeth Argüelles, como la supuesta autora intelectual. La mujer de 59 años había mandado a matar a Milta, una asistente contable, porque su marido le había pedido el divorcio a Elizabeth, quien era propietaria de una agencia de festejos.
Durante las investigaciones, los funcionarios del Cicpc lograron conocer que Elizabeth, supuestamente, llamaba a Milta para amenazarla, le enviaba mensajes de texto y hasta una corona de flores le hizo llegar anunciándole su entierro.
Poco a poco fueron uniendo las piezas hasta dar con todos los responsables. Según el Ministerio Público, en 2013 informó que Giovanny Pérez Colmenares, de 21 años; Mariluz Domínguez Garfidio, de 38 años; y a Jorge Enrique Camejo, de 43 años, los detuvieron y que eran los «cómplices necesarios en el delito de sicariato», tras ratificar la acusación ante el Tribunal 2 de Control de Lara. Pocos días después detuvieron a Elizabeth.
A tiros
Los delincuentes cometen el sicariato por «poder» en zonas o por extorsión o tráfico de droga. En 2017, el Observatorio de Delito Organizado de la ONG Paz Activa, registró 74 casos de sicariato en el país durante el primer trimestre, mientras que en 2016 tan sólo se habían registrado 26 casos en el período, lo que representa un aumento del 184%.
Los casos de sicariato pueden afectar a cualquier grupo de la sociedad, pero hay sectores que se ven más perjudicados. Al principio, las víctimas eran sindicalistas, pero luego las cifras fueron aumentando, pasaron a la extorsión, crímenes pasionales o familiares que pagan en dólares para que maten a sus padres y quedar con herencias.
Tal cual fue el caso de Santiago Allio Torres, quien mandó a asesinar a su padre para cobrar su herencia. En febrero de 2017, dos criminales sorprendieron a Bruno Allio Bonetto, empresario ítalo-venezolano, de 59 años dentro de su camioneta, una Jeep Cherokee, color negro reluciente, del año 2014.
La víctima fue interceptada apenas salía del estacionamiento, los delincuentes estaban montados en el vehículo, nervioso, aceleró su camioneta, chocando contra el portón de un conjunto residencial frente a su vivienda. Dos disparos impactaron contra él.
Su cuerpo quedó al lado de su camioneta, el hecho ocurrió en la avenida 3C del sector Don Bosco, al norte de Maracaibo.
Los funcionarios del Cicpc iniciaron las pesquisas y en doce horas lograron dar con el posible implicado. «Brunito», como se le conocía a Santiago, este joven había montado a los dos sicarios dentro del vehículo de su padre gracias a un control remoto de repuesto.
Él mismo había robado y entregado la pistola calibre 9 milímetros del empresario a los asesinos para que le quitaran la vida. Fue él quien rescató a los sicarios en su camioneta, una Ford F-150 roja, a tres cuadras del homicidio.
«Brunito» mandó a matar a su papá para quedarse con la herencia.
Para el año 2017, cuando ocurrió el crimen del empresario ítalo-venezolano, en Venezuela se registraron 310 homicidios perpetrados por sicarios, entre los móviles para matar por encargo estuvieron la pasión, la extorsión, el cobro de herencias, ajuste de cuentas entre delincuentes y hasta la política, según el informe del Observatorio de Delito Organizado.
Hace cuatro años, el sicariato ocupó el primer lugar de los cuatro principales delitos más violentos, después del narcotráfico, la extorsión y el secuestro.
En frontera
Desde que inició la pandemia por la covid-19 en la frontera colombo-venezolano, específicamente en Táchira, los homicidios fueron aumentando y algunos de los casos se trataron de sicariato.
Aunque no hay cifras oficiales de cuántas personas fueron acribilladas por los delincuentes, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en Táchira, destacó que en julio aumentaron los homicidios, cuya modalidad delictiva es característica de la zona norte de la entidad andina y otros municipios fronterizos.
Las víctimas fueron interceptadas en sus viviendas o cerca de las mismas. Los homicidas estaban fuertemente armados, quienes se encontraban encapuchados y con vehículos tipo motos, que en alguno de los casos fueron usadas para trasladar a las víctimas a lugares desconocidos, donde los asesinaron.
En mayo de 2021 y con dos días de diferencia ocurrieron los homicidios de Óscar Rangel, conocido como «Cachú» y Tony Rafael Rojas, ambos dirigentes de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR).
A Tony lo mataron de múltiples impactos de bala en pleno centro de San Antonio del Táchira. El hombre, de 40 años de edad, estaba junto a su esposa y se detuvo en el sector de El Cañaveral, del municipio Junín, para comprar perros calientes.
La víctima se bajó de la camioneta y saludó a un conocido, pero en cuestiones de minutos unos hombres con rostros cubiertos y armados llegaron al sitio a bordo de una camioneta, tres de los criminales comenzaron a disparar.
La esposa logró esconderse y vio cómo los hampones mataban a su pareja. Uno de los sicarios se le acercó a Tony, quien estaba tirado sobre el pavimento y nuevamente le disparó, esto para asegurarse que estaba muerto.
Hombre mandó a asesinar a la pareja de su exesposa
Alcides Coromoto Hernández, apodado el «Corito» fue capturado por funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc, tras un año y un mes de búsqueda. El hombre, presuntamente, es el autor intelectual del crimen de Pablo Enrique Ledezma Vivas, de 57 años, conocido como el «Rey del Dominó».
Este hecho ocurrió el 4 de marzo del año pasado, según el comisario Douglas Rico, el crimen de Ledezma fue un sicariato. El presunto implicado en el crimen fue detenido en una finca del sector Las Tinajas, del municipio Crespo, del estado Lara.
El 4 de marzo Pablo salió de su casa, ubicada en el sector El Común de El Eneal, bien temprano como lo hacía todos los días, pues era agricultor, ese día vestía una chemise, pantalón y sus botas de goma. Tras recorrer 10 metros, fue precisado por un tipo, quien sin mediar palabras le disparó directo al ojo derecho.
El comisario Douglas Rico, director del Cicpc a nivel nacional, informó que ese día el crimen fue cometido por tres tipos, quienes portaban armas de fuego y se trasladaron hasta la escena del crimen a bordo de una camioneta Land Cruiser blanco, tipo machito.
Destacó que los análisis telefónicos y entrevistas de testigos, llevaron a los funcionarios a determinar e identificar a los autores del sicariato.
Siete días después de la muerte del «Rey del Dominó», los uniformados se fueron tras la pista de Ántony Amaro (29), pues figuraba como implicado en el crimen y en el sector Padre Oreni, ocurrió un enfrentamiento que acabó con su vida.
LA PRENSA pudo conocer para ese momento, que alias «Corito», presuntamente, mandó a asesinar a Ledezma por celos, pues la esposa actual de la víctima fue pareja de él, aunque los familiares destacaron que Ledezma tenía más de 10 años con ella.
Bajan las cifras de homicidio
El Observatorio Venezolano de Violencia contabilizó en 2020 11 mil 891 homicidios, 50% menos que en 2018, en el cual se registraron 23.000, y que entonces era una de las tasas más altas del mundo. De acuerdo al OVV, la tasa de delitos en Venezuela ha disminuido desde 2017; sin embargo, tras esas cifras hay crímenes por encargo.
NAM/Con información de Funda Redes y La Prensa
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