Colectivos de inmigrantes venezolanos en Argentina pidieron esta semana al Gobierno de Javier Milei que flexibilice los trámites migratorios para sus ciudadanos dentro y fuera del país, debido a las dificultades consulares que afrontan tras el cierre de su embajada en Buenos Aires después de los comicios presidenciales del 28 de julio.
Elisa Trotta, una de las referentes de la comunidad venezolana en Argentina y secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), mantuvo reuniones con representantes del Ministerio de Seguridad, de la Dirección Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior, «con quienes abordó la situación de vulnerabilidad a la que han quedado expuestos los más de 220.000 venezolanos que viven en Argentina», según informó un comunicado conjunto de la FADD y de la asociación civil Alianza por Venezuela.
«Nicolás Maduro, además de ignorar la voluntad popular que se expresó en las elecciones del 28 de julio, ha abandonado irresponsablemente a millones de venezolanos en el exterior, dejándolos sin la atención consular que merecen, como es el caso en Argentina. Esto afecta trámites fundamentales para obtener pasaportes o apostillar documentos necesarios para radicarse en el país», señaló Trotta.
Por su parte, Alexander Galvis, presidente de Alianza por Venezuela, consideró que «es necesario que se tomen medidas extraordinarias orientadas a atender las necesidades que podrían tener los migrantes venezolanos radicados en Argentina con el objetivo de preservar la regularización migratoria y en consecuencia su correcta inserción social y productiva».
Las organizaciones difundieron una lista de propuestas que incluyen la extensión de la vigencia de los pasaportes venezolanos vencidos o anulados, la creación de un esquema que flexibilice la exigencia de antecedentes penales, la flexibilización de las solicitudes de apostilla y del proceso de convalidación de títulos universitarios, la creación de planes de orientación migratoria y la autorización para la radicación de menores de 9 años únicamente con partida de nacimiento.
Este pedido llega después de la expulsión de los diplomáticos argentinos de Caracas y la partida de los diplomáticos venezolanos de Buenos Aires como parte de las medidas de represalia tomadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.
NAM/EFE
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