La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el miércoles por la noche un informe sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 que podría avalar la versión oficial de los hechos, que dice que fueron quemados en un basurero del sur de México, una hipótesis descartada por el grupo de expertos internacionales que investigó el caso.
El documento, presentado tres días antes del final del gobierno de Enrique Peña Nieto y que contiene diversas recomendaciones para las autoridades, supone el primer espaldarazo a la tesis de la Procuraduría General de la República, cuyo trabajo ha sido muy cuestionado tanto por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por la propia justicia mexicana y hasta por la CNDH.
En el vertedero de Cocula, localidad cercana a Iguala _que es donde desaparecieron los estudiantes_, fueron incineradas al menos 19 personas “que pueden corresponder” con los alumnos de magisterio de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuyo destino todavía se desconoce, indicó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión.
La existencia de los restos se conocía, pero no se habían vinculado con este caso ya que el basurero fue durante años un lugar donde el crimen organizado eliminaba a sus víctimas. La CNDH los relaciona ahora porque asegura que pertenecen a personas de edad similar y porque, según sus nuevos peritajes, sí hubo un incendio en ese lugar en la fecha de las desapariciones, el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Lo más llamativo es que el informe indica que en el vertedero se localizó un resto óseo que a finales de 2016 dio positivo con el ADN de un estudiante, aunque nadie informó de ello.
Hasta ahora solo se había hallado un trozo de hueso totalmente identificado mediante ADN, que correspondía al alumno Alexander Mora. También se localizó otro resto óseo que arrojó una coincidencia parcial con un segundo joven, Jhosivani Guerrero, pero ni la fiscalía federal ni el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los peritos de las víctimas, consideraron el resultado como concluyente porque la prueba empleada, de ADN mitocondrial, no es de plena fiabilidad.
Ambos restos estaban en una bolsa localizada en un río cercano al basurero de Cocula, en el estado de Guerrero.
La versión oficial de los hechos dice que los 43 estudiantes de magisterio de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías locales, quienes los entregaron a miembros del crimen organizado que los incineraron en el vertedero y luego tiraron los restos al cercano Río San Juan.
Los peritos argentinos no pudieron acreditar que la bolsa con los restos encontrada junto al río procediese del basurero, y el último informe de los expertos independientes denunció multitud de irregularidades en su hallazgo y pidió investigar si esas evidencias pudieron haber sido manipuladas.
Sin embargo, ahora la CNDH sí cree que hay pruebas de que su contenido procede del vertedero.
Al margen de ese hallazgo, el actual informe de la CNDH habla de un nuevo resto óseo encontrado supuestamente en el basurero y que también pertenecería a Jhosivani Guerrero. Según el reporte, la identificación se hizo con la prueba menos fiable _la del ADN mitocondrial_ a finales de 2016 en el mismo laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, donde se hicieron los otros análisis.
En esa fecha, el equipo de expertos internacionales ya no estaba en el país y el EAAF había presentado su informe sobre el basurero varios meses atrás.
“Llama la atención de la CNDH que, pese a la trascendencia que para la investigación del caso tiene la identificación y correspondencia genética de una muestra ósea localizada en la zona “B” del Vertedero de Cocula con un normalista de Ayotzinapa que se tiene como desaparecido, el resultado no haya sido dado a conocer públicamente por la PGR (la Procuraduría General de la República)”, indica el informe.
Se espera que los abogados de las víctimas y los peritos argentinos se pronuncien sobre el tema el jueves.
El EAAF ya había detectado en 2015 los restos óseos de al menos 19 personas en el basurero de Cocula. Sin embargo, no halló evidencias de fuego de la envergadura necesaria para cremar 43 cuerpos en las fechas de la desaparición, pero sí de múltiples incendios previos. También afirmaron que en ese lugar se incineró a otras personas además de los estudiantes al ubicar evidencias dentales que no se correspondían con ninguno de los 43.
Guerrero es un estado con fuerte presencia del crimen organizado y en las inmediaciones de Iguala y Cocula hay centenares de desaparecidos.
Organizaciones internacionales, incluida la ONU, avalaron los resultados del equipo de expertos independientes de la CIDH que, además de echar por tierra la hipótesis oficial y poner en evidencia numerosas irregularidades en la pesquisa, pidió que se investigara la participación de actores estatales y federales en los crímenes y denunció obstrucción a la justicia por parte de diferentes autoridades. Estos problemas fueron reconocidos más tarde en varias sentencias judiciales en el país.
El dictamen más duro data del 4 de junio, cuando un tribunal colegiado amparó a cuatro personas acusadas de los crímenes de 2014 por presumir que las confesiones e imputaciones en su contra “fueron obtenidas mediante tortura”, y determinó que la investigación del caso “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República”. Además, la corte ordenó la creación de una comisión de la verdad.
La Corte Suprema de Justicia de México tiene pendiente pronunciarse sobre este caso pero, con independencia de su decisión, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la presidencia el 1 de diciembre, se comprometió a crearla para que este crimen no quede impune.
NAM/AP
