El caso de la ciudadana colombiana Yulixa Consuelo Toloza (52 años) ha dado un complejo giro legal tras la captura en territorio venezolano de los tres principales sospechosos de su muerte y desaparición. Pese a que la Fiscalía General de Colombia anunció que solicitaría formalmente la extradición de los implicados, el ordenamiento jurídico de Venezuela representa un freno inmediato para las aspiraciones de la justicia neogranadina.
La medida afecta directamente a María Fernanda Delgado Hernández (dueña del centro estético clandestino Beauty Láser) y su pareja Edinson José Torres Sarmiento (administrador del local), capturados este lunes en el estado Portuguesa; así como a Eduardo Ramos, el presunto cirujano de la víctima, quien fue arrestado de forma paralela en el estado Aragua merced a una alerta azul de Interpol.
El blindaje constitucional y el Código Penal de Venezuela
Fuentes judiciales confirmaron que las autoridades venezolanas no entregarán a los sospechosos a Bogotá, debido a que las normativas nacionales otorgan una prohibición absoluta en esta materia:
La Carta Magna: El artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe de manera tajante la extradición de ciudadanos venezolanos bajo cualquier circunstancia.
El Código Penal: Esta restricción es reforzada por el artículo 6, el cual reza textualmente: «La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciera pena por la ley venezolana».
Debido a este escenario, la única vía legal para evitar la impunidad es que el sistema judicial colombiano remita el expediente completo, las pruebas y los testimonios directamente a la Fiscalía General de Venezuela o a través de instancias internacionales, para que los tres señalados sean procesados en tribunales nacionales bajo las leyes del país caribeño.
Exigencia de justicia
Mientras se dirimen estos complejos trámites burocráticos e internacionales, los familiares de Yulixa Toloza continúan exigiendo celeridad y una condena ejemplar.
Cabe recordar que el cuerpo sin vida de la mujer de 52 años fue localizado con signos de abandono a un costado de la vía Apulo-Anapoima, en el Departamento de Cundinamarca, días después de haber ingresado al centro estético ilegal ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, donde sufrió complicaciones fatales que los hoy detenidos intentaron encubrir antes de emprender su huida hacia Venezuela.
NAM-Agencias
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