El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó este sábado 3 de enero de 2026 el Estado de Conmoción Exterior, luego de los bombardeos aéreos ejecutados por el gobierno de Estados Unidos, en lo que Caracas ha calificado como una agresión directa y amenaza a la soberanía nacional.
Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 337 y 338 regulan los Estados de Excepción —como Alarma, Emergencia Económica o Conmoción Interior/Exterior—, facultando al Ejecutivo a adoptar poderes extraordinarios frente a situaciones graves que la ley ordinaria no puede resolver. Esto incluye la restricción temporal de ciertas garantías constitucionales, aunque se preservan derechos humanos intangibles como la vida, la prohibición de tortura, el debido proceso y el acceso a la información.
En la práctica, el Estado de Conmoción Exterior habilita al Gobierno a movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los cuerpos de seguridad para proteger la infraestructura estratégica del país, incluyendo servicios públicos, industrias petroleras y sectores básicos de la economía. Además, permite activar planes de seguridad ciudadana, controlar fronteras y ejecutar medidas extraordinarias para restablecer la normalidad.
La administración venezolana sostiene que desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares en el Caribe sur y ha ejecutado acciones extrajudiciales, incluyendo el robo de cargueros petroleros, como parte de lo que Caracas considera un intento de cambio de régimen bajo la administración Trump.
El decreto, que tiene efecto inmediato, otorga al presidente Maduro plenas facultades para desplegar a la Fuerza Armada en todo el país, tomar militarmente industrias estratégicas y servicios públicos, cerrar fronteras, movilizar a los cuerpos de seguridad y activar a los 4,5 millones de milicianos que el Gobierno asegura tener.
De acuerdo con la Constitución, el Estado de Conmoción Exterior puede decretarse “en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones”. Inicialmente, el decreto tendrá una duración de 90 días, prorrogable por otros 90 si así lo aprueba la Asamblea Nacional.
La medida busca centralizar la defensa nacional, coordinar la respuesta militar ante la agresión reportada y proteger a la población, mientras se preserva la estabilidad institucional de Venezuela.
NAM/Agencias
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