En una reciente declaración, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, ha expresado duras críticas hacia la Corte Penal Internacional (CPI), cuestionando su imparcialidad y alcance universal. Según Saab, la CPI enfrenta un enorme reto para convencer al mundo de su objetividad, ya que solo 123 países han ratificado el Estatuto de Roma, el cual establece las bases de la corte internacional.
El fiscal venezolano señaló que Estados Unidos ha evitado someterse a la jurisdicción de la CPI, alegando que el país se considera «gendarme del mundo» y no permitirá que un organismo fuera de su control directo juzgue a sus militares que intervienen en conflictos globales. Además, mencionó que existen posibles acusaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra líderes y militares estadounidenses, lo que ha llevado a la nación a aprobar leyes para evitar la actuación de la CPI contra sus ciudadanos.
Saab también hizo referencia a Israel como potencia ocupante en Palestina y Siria, sugiriendo que sus acciones podrían hacerlo candidato a ser acusado ante la CPI.
A pesar de estas críticas, el fiscal afirmó que Venezuela seguirá colaborando con la CPI, mostrando respeto por la justicia internacional. Según Saab, el país ha brindado a la Fiscalía de la CPI suficientes elementos que demuestran que se han investigado y sancionado con severidad las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios policiales y militares.
En cuanto a la Oficina de Cooperación Técnica (OCT) de la CPI, Saab destacó que aún no se ha instalado, pero expresó la esperanza de establecer una relación de trabajo similar a la que tuvieron con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos después de la visita de Michelle Bachelet en 2019. Durante ese período, se impulsaron numerosos casos sugeridos por la oficina de Bachelet relacionados con muertes en protestas, tratos crueles e inhumanos y privaciones ilegítimas de libertad.
El fiscal venezolano también compartió cifras sobre los logros de su gestión, informando que desde su llegada al Ministerio Público, se han imputado a más de 1,770 funcionarios de seguridad del Estado y 68 colaboradores, con un total de 2,109 acusados y 930 privados de libertad. Además, resaltó que se han obtenido 458 sentencias condenatorias.
En relación a los casos surgidos después de los acontecimientos de las guarimbas en 2017, Saab mencionó que algunas personas acudieron directamente a órganos internacionales al abstenerse de denunciar ante los órganos nacionales. Por esta razón, el Ministerio Público solicitó a la Fiscalía de la CPI que envíe aquellas denuncias que no hayan sido procesadas en el país, con el objetivo de investigar posibles delitos que no han sido tratados hasta la fecha.
Por último, se recordó que Venezuela denunció ante la CPI las sanciones impuestas por Estados Unidos, calificándolas como un crimen de lesa humanidad, y solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal que investigue esta situación.
NAM/Agencias
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