Ecuador celebra este domingo elecciones locales marcadas por el asesinato de dos candidatos, en las que también debe pronunciarse sobre un referendo que decidirá si se acepta la extradición de connacionales para combatir la criminalidad.
Unos 13,4 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir alcaldes, concejales municipales y prefectos (gobernadores) provinciales, que asumirán en mayo para un periodo de cuatro años.
Lo que está en juego es sobre todo local, pero inevitablemente constituirá una prueba para el presidente de derecha Guillermo Lasso, en el poder desde 2021, y cuya impopularidad ha alcanzado récords (80% según una reciente encuesta).
La votación, que se realiza entre las 07H00 y las 17H00 locales (12H00 a 22H00 GMT), se desarrolla en un contexto de creciente violencia criminal en el país, ligada al narcotráfico.
El sábado fue asesinado un candidato a alcalde de un pueblo costero. Omar Menéndez, de 41 años, era candidato en Puerto López (oeste) por el movimiento opositor Revolución Ciudadana, afín al exmandatario izquierdista Rafael Correa (2007-2017).
Hace quince días, otro candidato municipal, Julio César Farachio, aspirante a la alcaldía de la localidad costera de Salinas (suroeste), también fue muerto a tiros.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) condenó «enérgicamente» el nuevo homicidio y aseguró en Twitter que se tomaron medidas «para garantizar el orden y la seguridad del proceso electoral«.
«En manos de todas y de todos está fomentar un ambiente pacífico y respetuoso para vivir estas elecciones como lo que son, una fiesta cívica«, dijo la presidenta del CNE, Diana Atamaint, al dar inicio el sufragio.
La votación de este domingo también elegirá a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que nomina al fiscal y al contralor.
Extradición en la mira
En paralelo, los electores deberán pronunciarse sobre ocho cuestiones, en el marco de un referendo convocado en noviembre por Lasso, sobre diversos temas de seguridad, política y medio ambiente.
En el centro del debate está la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. En Ecuador está prohibida la entrega de connacionales desde hace ocho décadas.
El Ejecutivo sostiene que la extradición será una herramienta para combatir y desmantelar más de una veintena de bandas criminales, algunas con nexos con cárteles mexicanos según autoridades.
El objetivo no declarado es la extradición a Estados Unidos de los narcotraficantes, quienes correrían el riesgo de permanecer allí presos muchos años, en duras condiciones y sin posibilidad de corromper a sus guardias. Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, aplica esta medida desde la década de 1990.
En Ecuador, al tiempo que ha crecido el narcotráfico (200 toneladas de droga incautadas en 2022), ha aumentado la violencia. Las cárceles son escenario de sangrientas y recurrentes masacres entre bandas de presos rivales. Y en un país de 18,2 millones de habitantes, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25.
El gobierno de Lasso impulsa también en el referendo la reducción del número de legisladores (actualmente de 137 en la unicameral Asamblea Nacional).
«El gobierno ha tratado de posicionar dos cuestiones fundamentales (…) Uno es la inseguridad con la pregunta sobre extradición y segundo la reducción del número de asambleístas«, dijo a la AFP el politólogo Santiago Cahuasquí, de la Universidad Internacional Sek.
Contexto «adverso»
El referendo también aborda iniciativas como el control a movimientos políticos y el retiro de facultades al CPCCS, así como la incorporación de los sistemas hídricos a las áreas protegidas, para luchar contra la minería ilegal, y la entrega de compensaciones para quienes protejan el medioambiente.
En caso de que se aprueben las reformas constitucionales, la Asamblea Nacional tendrá un año para implantar los cambios.
Cahuasquí señaló que la consulta se da en un «escenario desfavorable» para Lasso.
«Es un contexto político de frágil gobernabilidad, es un contexto económico marcado por la desigualdad y la pobreza, y es un contexto social marcado por la inseguridad por la presencia del crimen organizado«, dijo.
La elección de autoridades locales también podría incidir en la gobernabilidad en Ecuador, donde tres presidentes fueron derrocados entre 1997 y 2005.
«El gobierno nacional se juega todo su capital político en esta elección apalancando, por un lado, la iniciativa del referendo y, por otro lado, tratando también de agrupar un número representativo de alcaldías y prefecturas, pero el clima es adverso«, estimó Cahuasquí.
El ente electoral tiene diez días para el conteo de los votos y proclamará los resultados tras resolver posibles impugnaciones.
NAM – AFP
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