Un golpe certero ha dado las autoridades a una red estructurada que, incumpliendo las medidas sanitarias y violando la cuarentena traía connacionales que retornaban desde el exterior.
Específicamente, se observó la operación ilícita en la frontera del estado andino de Táchira, donde regresaban a sus ciudades de orígenes a migrantes que retornaban al país y les cobraban $ 200.
Del mismo modo, reseñó La Nación, se confirmó que de forma ilegal, contraviniendo el decreto de cuarentena radical y sin las medidas de prevención, distribuían a connacionales por todo el país.
En menos de una semana, apunta el diario andino, se logró la detención de nueve civiles y un funcionario militar.
Las autoridades no han revelado mayores detalles de las averiguaciones, pero, indica el medio tachirense, que cuentan con información clave.
Las alarmas se encendieron luego que en el puesto de control Simón Planas, en Lara interceptaron dos autobuses procedentes de Táchira con 76 connacionales que venían desde Colombia.
Los ciudadanos habían salido desde La Pedrera y se dirigían hacia Lara, Carabobo y Aragua. También se determinó que estas personas no cumplieron con las normas de bioseguridad.
En tal sentido, fueron trasladados a la Villa Bolivariana en Barquisimeto, estado Lara, donde cumplirán un régimen de aislamiento para ser evaluados.
Los organismos de seguridad detuvieron a tres choferes de autobús y dos colectores, de los cuales uno sería un presunto funcionario.
Otro procedimiento se desarrolló en el punto de control de El Cucharro, en la salida de San Cristóbal, estado Táchira.
La Policía Nacional Bolivariana interceptó tres autobuses que se dirigían hacia Caracas y Valencia con 80 venezolanos que ingresaron al país por las trochas.
Entre los pasajeros se encontraban 12 menores de edad.
Las unidades se trasladaban por las carreteras del país a pesar de que las conexiones interestatales estaban suspendidas por las restricciones contempladas en la semana de cuarentena radical.
NAM
