Mientras Markwayne Mullin, un exluchador de artes marciales mixtas de Oklahoma, está a un paso de hacerse con las riendas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la mayoría de las agencias que dependen de él están sin recursos desde el pasado 14 de febrero.
Ese día se ordenó el cierre fiscal porque el Senado no logró aprobar una ley de asignación de fondos para la agencia. Desde entonces, más de 100.000 funcionarios esenciales de los servicios secretos, la agencia de seguridad en el transporte, seguridad aérea, los servicios de emergencia y la Guardia Nacional, entre otros, están trabajando sin cobrar.
La discrepancia entre republicanos y demócratas para aprobar una ley que establezca límites a las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza tiene bloqueados los fondos del DHS desde hace 34 días. Sin esa ley, que busca equiparar el control sobre los controvertidos agentes migratorios con otras policías federales, los demócratas no desbloquearán la financiación del DHS. Tampoco se vislumbra un desenlace cerca.
Mullin ha superado este jueves el escrutinio del Comité de Seguridad Nacional del Senado, que ha enviado su nominación al pleno para su ratificación definitiva. Si lo logra, estará al frente del departamento que más críticas ha recibido en el último año debido a la agresiva política migratoria dictada por la Administración Trump, con deportaciones masivas y redadas indiscriminadas de migrantes.
La anterior responsable del departamento, Kristi Noem, fue despedida por Donald Trump hace unas semanas, por su papel en la crisis migratoria —acusó a dos ciudadanos estadounidenses muertos por disparos de la policía migratoria como “terroristas domésticos”— y las dudas sobre su gestión por gastarse más de 200 millones en campañas de publicidad para mejorar su imagen.
El bloqueo del DHS está empezando a tener consecuencias visibles para los ciudadanos a medida que se agotan los fondos de reserva y los funcionarios se quedan sin cobrar. Este departamento cuenta con unos 270.000 empleados públicos, pero más de la mitad han sido declarados no esenciales y han sido enviados a su casa sin sueldo hasta que se solucione el paréntesis presupuestario. Otros 100.000, calificados como imprescindibles, tienen que acudir a sus puestos de trabajo, pero también han dejado de cobrar conforme se han ido acabando los remanentes de esta administración. Las bajas laborales de estos empleados se están disparando y muchos servicios se están viendo afectados.
Colas en los aeropuertos
Los principales aeropuertos del país registran largas colas en los controles de seguridad y retrasos en los aviones por falta de personal. “Si esto continúa, no es exagerado sugerir que podríamos tener que cerrar literalmente aeropuertos, sobre todo los más pequeños”, aseguró el administrador adjunto interino de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA), Adam Stahl, en la cadena conservadora Fox News.
Más del 10% de los agentes de los controles de seguridad de la TSA, y hasta el 30% en aeropuertos más grandes como el de Nueva York, no se presentaron a trabajar el pasado lunes, la tasa más alta desde el inicio del bloqueo presupuestario. Los empleados federales cobran por semanas o quincenas. La semana pasada fue la primera en la que no recibieron ni un dólar de salario, pero siguen teniendo que pagar el colegio de los hijos, la letra de la hipoteca o el crédito del coche y llevar comida a casa. Así que muchos se dan de baja para buscar ingresos extra hasta que se solucione el conflicto.
“De los más de 260.000 empleados del DHS, decenas de miles han sufrido dificultades económicas tras trabajar más de un mes sin cobrar”, señala la plataforma de sindicatos federales. “Estos trabajadores de primera línea se han preguntado si podrán pagar su hipoteca o comprar alimentos; un mes sin saber cuánto durará este cierre”, escribió Doreen Greenwald, presidenta del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, en una carta enviada al Congreso.
El paréntesis presupuestario podría alargarse hasta mediados de abril si no hay acuerdo antes del receso de dos semanas previsto por el Congreso con motivo de la Pascua. Y las vacaciones de Semana Santa amenazan con agravar la situación en los aeropuertos.
Los principales ejecutivos de las grandes aerolíneas estadounidenses como American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, JetBlue Airways, Alaska Air y otras aerolíneas han enviado una carta a la Casa Blanca en la que advierten de que el cierre del gobierno está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre las operaciones aeroportuarias y el personal que las mantiene en funcionamiento. Han instado al Congreso a “ponerse de acuerdo de inmediato para financiar el Departamento de Seguridad Nacional”.
Además, el cierre del DHS se produce en un momento crítico, en plena guerra con Irán, con un aumento de las amenazas internas. “En un momento en que nuestra nación enfrenta riesgos de seguridad extremos, es fundamental financiar a la agencia y a los dedicados empleados federales que velan por nuestra seguridad”, declaró esta semana Craig Carter, presidente nacional de la Asociación de Gerentes Federales.
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NAM/El País
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