Amnistía Internacional manifestó este viernes que, tras el acuerdo alcanzado el lunes por los partidos para proseguir con el proceso constituyente en Chile, «estará alerta» a la reforma constitucional que se debe llevar a cabo, la cual «no debe contradecir de ninguna manera» los principios fundamentales de los derechos humanos.
En un comunicado, la organización sostuvo que «tomará un rol de vigilancia e incidencia para asegurar que el texto constitucional sitúe los derechos humanos en el centro».
Agregó que es «fundamental que el proceso constituyente sea transparente, inclusivo, participativo y siempre de cara a la ciudadanía», por lo que estará «vigilante respecto a la implementación del acuerdo».
La ONG dijo que a «priori se vislumbra este nuevo proceso como menos participativo de acuerdo a sus características de composición y al reducido tiempo que tiene para la elaboración del texto constitucional».
Para Al, «es relevante» que se especifique «de manera detallada» las características y requisitos que deben cumplir las personas integrantes del Comité de expertos y se aclare el mecanismo para su designación.
Según el pacto alcanzado entre la mayoría de las fuerzas políticas del oficialismo y la oposición, los expertos serán designados por el Congreso (12 por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados) y elaborará un anteproyecto que servirá de base al Consejo Constitucional, integrado por 50 personas electas por la ciudadanía, que redactará la propuesta de Ley Fundamental.
«Es importante asegurar que quienes participen en el proceso constituyente sean representativos de la diversidad del país y actúen con imparcialidad en todo momento», apuntó la organización.
El 62,5 % de los chilenos rechazó el pasado 4 de septiembre la propuesta constitucional redactada por una convención de mayoría progresista e integrada por ciudadanos independientes, sin afiliación a partidos políticos, con paridad entre hombres y mujeres y escaños reservados a indígenas.
Después de tres meses de negociaciones, los partidos sellaron el lunes un acuerdo que, antes de implementarse, tendrá que convertirse en proyecto de ley y ser aprobado por 4/7 del Congreso.
NAM/EFE
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