La corrupción penetra cada vez con más fuerza en las bases morales de los principales grupos políticos de presión que hacen vida en la Asamblea Nacional como diputados de esa instancia. Y es que el lucrativo negocio de la crisis del país, denunciado y percibido por la propia opinión pública, ha generado que el gobierno de Nicolás Maduro forme monopolios de capital alrededor de los grandes flujos de capital que entran al país por actividades no relacionadas con la mermada industria petrolera.
Y es que luego del escándalo de corrupción que volvió a implosionar sobre el negocio de importación de comida son sobreprecios para el programa CLAP, en el que presuntamente están involucrados cuatro diputados de la AN, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, afirmó que la comisión del Parlamento que investiga la presunta vinculación de diputados opositores con hechos de corrupción «solamente tiene la función de determinar responsabilidad política, mas no de carácter penal».
Es decir, la AN podría aplicar sanciones administrativas y políticas, mas no penales, sobre esos parlamentarios en caso de encontrar nexos directos o indirectos de sus haberes financieros personales con la empresa colombiana que se encarga de importar los alimentos que el gobierno de Maduro distribuye a través de las cajas CLAP de comida subsidiada.
«En el informe, de haberlo, se establecerían las responsabilidades políticas, pero ya correspondería a otros espacios, a otros poderes del Estado, establecer otro tipo de responsabilidad», dijo Zambrano en entrevista en entrevista con Unión Radio.
Explicó que realizarán un informe «suficientemente acabado» con la documentación que consta en el seno de la comisión y los agregados que han consignado los diputados que voluntariamente participaron en la primera sesión de trabajo del equipo especial.
Presuntamente, dos de esos cuatro diputados fueron vistos en la Fiscalía de Colombia, donde habrían consignado un documento en el cual solicitaron un salvoconducto o exención penal y administrativa sobre el empresario colombiano Alex Saab, dueño de la compañía importadora de alimentos para los CLAP. Se cree que ambos diputados, junto a otros dos más con supuesta vinculación, habrían recibido comisiones como parte de las importaciones con sobreprecios de alimentos subsidiados por el gobierno de Nicolás Maduro a nivel nacional.
El parlamentario señaló que el informe será aprobado en el seno de la comisión y luego irá a consideración de la plenaria del cuerpo, quien a su vez, decidirá a dónde lo remite.
«En la propia plenaria los colegas señalados tienen desde el momento en que se instaló la comisión el legítimo derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a sus derechos humanos», indicó.
Aseveró que incluso, luego de consignado el informe, los involucrados tendrán la oportunidad de esgrimir sus argumentos.
Zambrano ratificó el compromiso de quienes integran la comisión con la ciudadanía, opinión pública y la comunidad internacional de ser exhaustivos con las conclusiones del informe emanado del organismo.
Ricardo Serrano
