La prioridad diplomática y geopolítica en América Latina para Estados Unidos es un cambio político en Venezuela. Por esa razón, el gobierno de Donald Trump persiste en su estrategia de presión y aislamiento contra el gobierno venezolano en disputa, controlado por Nicolás Maduro. Y aunque la última y más reciente medida coercitiva de la Casa Blanca contra la administración chavista fue el congelamiento de todos los activos del Estado venezolano en EEUU, este martes se activó otro paquete de sanciones, pero esta vez individuales, contra cinco de los funcionarios más altos de la cúpula de poder de Maduro.
La entidad administrativa con mayor influencia financiera y política en el mundo, que actúa como el brazo de presión financiera de la cúpula de poder en Washington, el Departamento del Tesoro, volvió a actuar hoy. Y es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a cinco funcionarios actuales del Gobierno de Venezuela de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13884, que «bloquea la propiedad e intereses en la propiedad del Gobierno de Venezuela y aquellos que haber actuado o pretendido haber actuado en su nombre».
Esa medida es vinculante y con efectos inmediatos sobre la capacidad de maniobra financiera de los siguientes funcionarios venezolanos:
Remigio Ceballos (comandante de la Fuerza Armada venezolana / máxima autoridad del CEOFANB y segundo en el alto mando militar venezolano después del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López)
Néstor Blanco (comandante de la Guardia Nacional ligado a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM)
José Ornelas Ferreira (secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, un órgano militar estatal creado este año por Maduro para blindar a su gobierno)
Pedro Carreño (diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, es dirigente del partido socialista en el estado Zulia y y también a nivel nacional junto al líder chavista Diosdado Cabello, del cual es hombre de confianza)
Carlos Alberto Calderón Chirinos (alto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional – SEBIN, que es la política política del gobierno de Maduro).
“El Tesoro está identificando a funcionarios de alto nivel que actúan en nombre del régimen opresivo del ex presidente venezolano Nicolás Maduro, que continúa participando en niveles atroces de corrupción y abusos contra los derechos humanos”, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Esta acción armoniza nuestros esfuerzos con los de socios internacionales como Canadá y la Unión Europea que han impuesto sanciones contra los ex funcionarios del régimen de Maduro”, agregó.
Estas sanciones sobre esos funcionarios se debe también a su presunta partipación y vinculación con torturas, violaciones a derechos humanos en los cuerpos de seguridad del Estado y, además, con redes financieras internas del gobierno de Maduro mediante mecanismos públicos del Estado.
Con esas medidas, esos funcionarios no podrán movilizar capitales o dinero de origen ilícito, producto de la malversación de fondos o de los ingresos en estructuras de capital del gobierno de Maduro con los ingresos en euros que obtiene a través de la venta de oro y la poca exportación de petróleo.
Ricardo Serrano
