La cifra causa alarma entre las organizaciones de Lara que brindan orientación y ayuda para salir de la drogadicción. Según Gerardo Pastrán, coordinador general del Proyecto Juvenil Misionero (Projumi), de mayo a la fecha reciben semanalmente entre 40 y 45 adolescentes de 14 a 18 años que han caído en el alcoholismo o drogas ilícitas. Esta cantidad representa 150% más casos que en 2019. Apunta que la ansiedad que les genera el encierro luego de ocho meses de cuarentena, el desempleo, la crisis económica y las fallas en servicios básicos como electricidad y gas doméstico, está provocando trastornos depresivos y angustia en la juventud.
«En 2019 venían a solicitar ayuda psicológica y terapéutica semanalmente entre 15 a 18 pacientes menores de edad, pero ya a partir de mayo estamos atendiendo entre 40 y 45 personas. De esa cantidad ocho jóvenes logran desintoxicar su cuerpo y duran un año en el programa de ayuda», expresó Pastrán. Lo que representa que tan sólo el 15% de los pacientes atendidos logra salir de su adicción, acudiendo a terapia regularmente.
El cocuy mezclado con jugos cítricos es una de las drogas legales más consumidas entre adolescentes de Lara, seguida del chimó. En cuanto a las drogas secas esta el cripy en primer lugar, luego la marihuana y de tercero la cocaína. Refiere que hay una tendencia que están aplicando los adolescentes, y es comprar pastillas legales o ansiolíticos y las ligan con alcohol. «Produce el mismo efecto que la cocaína», explicó un representante de la organización Alcohólicos Anónimos en Lara, que en su sede en La Rosaleda, al este, contabilizan 4 casos de adolescentes semanalmente, cuando antes de la pandemia registraban un caso semanal.
«La crisis económica los está trastornando, cuando hay padres que han quedado sin empleo, o los jóvenes tienen que salir a trabajar, pero lo que ganan no les alcanza para comer bien, o ayudar a su familia, cosa que los deprime. Se quedan sin motivación, viven con su cara caída, inmersos en la soledad y la tristeza, y con estas características están más propensos en caer en vicios», apuntó Pastrán.
Señala que la responsabilidad es compartida entre la familia que está a cargo de la formación del muchacho, y el Estado que ha ocasionado la crisis y no desarrolla programas para la reinserción social. «Las instituciones del Estado no se preocupan por desarrollar programas de ayuda terapéutica o de desintoxicación. Hay familias que también han perdido el control de sus hijos, un adolescente no puede ser jefe de la casa y hacer lo que le venga en gana», refirió.
NAM/Prensa Lara
