El relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, recalcó este viernes (29.07.2022) el llamado a esclarecer las denuncias de supuesto espionaje a periodistas de El Salvador mediante el software Pegasus.
Vaca llegó a San Salvador en una visita académica para la presentación del informe Libertad de Expresión en Línea. Desafíos, Oportunidades y Tendencias en América Latina con la organización Alianza Regional.
«Insistir en el llamado de que haya justicia y esclarecimiento a estos hechos», indicó Vaca en un foro y agregó que «el uso de software invasivo no solo afecta el derecho a la libertad de expresión de esa persona, sino que afecta también el derecho a una sociedad informada».
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— Alianza Regional (@AlianzaRegional) July 29, 2022
Señaló que la Relatoría «desde hace ya varios años ha registrado distintos episodios de vigilancia masiva contra expresiones críticas y hay hallazgos nuevos desde el año 2021 y 2022, particularmente en México y en El Salvador, donde se ha insistido en la importancia de que haya un esclarecimiento pleno».
Amnistía Internacional (AI) dio a conocer en enero que verificó el «uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas» y activistas de derechos humanos en El Salvador.
«Una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab ha identificado el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador», indicó el organismo en un comunicado de prensa.
El informe de Citizen Lab asegura que logró confirmar «35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos se infectaron con éxito con el software espía Pegasus de NSO entre julio de 2020 y noviembre de 2021».
Detalló que «los objetivos incluyeron periodistas de El Faro, GatoEncerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mundo, El Diario de Hoy y dos periodistas independientes», además de miembros de las organizaciones Fundación DTJ, Cristosal y otra ONG.
El informe de Alianza Regional señala que «la vigilancia masiva en la esfera digital ya no está reservada exclusivamente a los Estados que disponen de los recursos tecnológicos propios», sino que también hay otros que «se apoyan en programas informáticos de vigilancia desarrollados, comercializados y mantenidos por empresas privadas».
«La censura derivada de la vigilancia masiva no es un problema emergente en la región, sino que ya se encuentra consolidado y extendido», indica el documento.
NAM – DW
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