El gobierno de EEUU encabezado por Donald Trump mantiene el reconocimiento como el gobierno legítimo venezolano a la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 y encabezada por la diputada Dinorah Figuera, según el Departamento de Estado consultado por el Informe Otálvora.
Diversos voceros del nuevo gobierno estadounidense han ratificado la posición establecida en 2019 por Trump y sostenida durante el gobierno de Joe Biden desconociendo a Nicolás Maduro como jefe del Estado venezolano. El asunto ha sido tratado con todo cuidado por los redactores de recientes documentos oficiales firmados por Trump en los cuales se menciona a Venezuela. Por ejemplo, en un memorando del 22FEB25 mediante el cual Trump designaba a varios gobiernos como “adversarios extranjeros”, los redactores usaron la fórmula de “el régimen del político venezolano Nicolás Maduro” para no denominarlo como representante de la República de Venezuela, como si lo hace al mencionar en el mismo párrafo a China, Cuba, Irán, Corea y Rusia.
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El Informe Otálvora realizó una consulta formal al Departamento de Estado el 06MAR25. Se preguntó: “A raíz de que EEUU no reconoció a Nicolás Maduro en 2019 como un gobierno legítimo, la posición de EEUU desde 2019 ha sido reconocer primero a Juan Guaidó como presidente encargado. También reconocen a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como el único poder constitucionalmente electo en Venezuela. Tras el reemplazo de Guaidó, EEUU reconoció a la presidenta de esa Asamblea, Dinorah Figuera, como representante del Poder Ejecutivo venezolano. Pregunta. A los efectos de los EEUU, ¿quién dirige o representa actualmente al Estado venezolano? ¿Siguen reconociendo a la Asamblea Nacional electa en 2015?”.
La respuesta “adjudicable a un vocero del Departamento de Estado” recibida vía email el 07MAR25 es: “Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de Venezuela”.
Ya el 22ENE25 el Secretario de Estado Marco Rubio había calificado a Edmundo González Urrutia como “el legítimo presidente de Venezuela”.
La declaración del Departamento de Estado confirma que a los efectos legales en EEUU la representación de la República de Venezuela está en manos de la diputada Dinorah Figuera presidenta desde 2023 del único poder público constitucionalmente electo que pervive en Venezuela. El andamiaje legal que mantiene fuera del control de Maduro las empresas petroleras del estado venezolano se sustenta en la existencia de un poder que representa a Venezuela aún cuando obviamente no tiene control territorial de Venezuela el cual está detentado por “el régimen del político venezolano Nicolás Maduro” como lo describió el memorando de Donald Trump del 22FEB25.
El domingo 02MAR25 el Departamento del Tesoro de EEUU publicó en su página web un aviso sin precedentes en la sección dedicada a listar las sanciones aplicadas a gobiernos extranjeros. El aviso incluido en la subsección dedicada a Venezuela decía: “El Departamento del Tesoro se está preparando para tomar medidas para desmantelar la Licencia General 41 y otras licencias específicas según corresponda. Emitiremos orientación adicional para facilitar la implementación junto con cualquier cambio en las autorizaciones”. No se trataba de la publicación de una medida específica sino del anuncio de que estaban preparando esa medida.
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Sin pronunciarse hasta ese momento sobre medidas específicas ante el régimen chavista, más allá de un pacto para que Maduro recibiera venezolanos deportados, el 26FEB25 Trump escribió sobre Venezuela en cuenta en Truth Social: “estamos revirtiendo las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro, de Venezuela, sobre el acuerdo de transacción petrolera, de fecha 26 de noviembre de 2022, y también que tienen que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro. Además, el régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país de regreso a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado. Por lo tanto, ordeno que se rescinda el ineficaz e incumplido «Acuerdo de Concesión» de Biden a partir de la opción de renovación del 1 de marzo. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.
El texto de Trump era confuso e impreciso en sus referencias ya que el 26NOV22 no se firmó algún “acuerdo de concesión” entre Biden y Maduro. Alguien en el equipo de Trump informó equivocadamente al Presidente. Ese día de 2022 la oposición venezolana, empujada por el gobierno Biden, firmó en Ciudad de México un acuerdo con el régimen chavista para crear un ilusorio fondo mil millonario para ejecutar obras en Venezuela “para la protección social del pueblo venezolano”. Ese acuerdo no contemplaba temas electorales, pero si fue usado por el gobierno Biden para alegar que se había retomado el diálogo entre la dictadura y la oposición y, en consecuencia, proceder a emitir ese mismo día la licencia 41 a favor de la petrolera Chevron que la autorizaba a producir petróleo en sociedad con la estatal Pdvsa condicionado a que el crudo fuera exportado solamente a EEUU. Pese a lo confuso del texto de Trump todo el mundo entendió que se refería a la llamada Licencia 41 que favorecía a Chevron. La petrolera estadounidense al igual que cuatro empresas de ingeniería petrolera habían logrado desde el primer gobierno Trump evadir las sanciones impuestas al régimen chavista, obteniendo licencia para mantener abiertas sus oficinas en Venezuela pero sin operar, hasta que Biden como parte de la política de “incentivos” accedió a que Chevron retomara la producción de crudo en empresas en las cuales es socia de Pdvsa. Ahora el 26FEB25 Trump declaró su decisión de poner fin a la actividad de Chevron en Venezuela cerrando una importante fuente de financiamiento del régimen. Presión de parlamentarios republicanos de Florida habría influido en la decisión de Trump en lo que se considera una victoria sobre el ala Maga del gobierno que mantiene la posición de no empujar un cambio de régimen en Venezuela.
