A través de su defensa, Daddy Yankee, presentó una moción para que se declare, ‘no ha lugar’ la solicitud de desacato que radicó Mireddys González, porque, supuestamente, su exesposo había incumplido con la sentencia que había emitido el Tribunal en diciembre de 2024, en la que debía entregar documentos relacionados a las entidades Los Cangris y El Cartel.
En dos mociones presentadas, se establece que las hermanas González Castellanos intentan reabrir un caso finalizado en diciembre de 2024 con sentencia final y firme, en lo que describen como un uso indebido del sistema judicial y una estrategia para crear titulares en la prensa empleando información falsa y maliciosa. Rechazan, además, “de forma categórica todas las expresiones, insinuaciones, imputaciones y categorizaciones sobre la persona del demandante Ramón Ayala Rodríguez efectuadas con pleno conocimiento de su inexactitud”.
“En otro malabarismo argumentativo poco vertical y serio, el 16 de mayo de 2025, la demandada González Castellanos manifestó ante este Tribunal que era accionista de la entidad Los Cangris Inc. Pero, apenas once días más tarde, el 27 de mayo de 2025, en el procedimiento judicial de disolución que se ventila ante la Honorable Jueza Iris Cancio, sostuvo lo contrario, alegando no ser accionista de dicha entidad. Esta contradicción entre sus posturas procesales revela una estrategia litigiosa incompatible con los principios de buena fe, coherencia procesal y respeto al foro judicial. La poca credibilidad de la Sra. González”, expone el documento presentado al Tribunal.
Los abogados de las corporaciones El Cartel Record y Los Cangri afirman que “resulta paradójico que quien en el pasado obstruyó y negó información al Sr. Ayala y a las propias entidades, ahora presente alegaciones como las presentadas ante el Tribunal. Toda la información y transparencia que se ha brindado ha ocurrido no empece a que, después de asumir el control, el demandante y las propias entidades han tenido que enfrentar múltiples y varios problemas significativos. Entre estos, los abogados señalan: oficinas en mal estado, sin servicios, contabilidad desorganizada e incompleta, correos electrónicos deliberadamente borrados entre 2019-2024, cheques y documentos importantes encontrados en la basura y, en fin, documentos e información no provista y/o retenida por las codemandadas González Castellanos, como se ha alertado al Tribunal. (…) O sea, que la demandada González Castellanos y su hermana no entregaron documentos ni facilitaron la transición”, reza la moción.
Las mociones presentadas en reacción a lo solicitado por González Castellanos, destacan que la parte demandada, a través de su “tercer equipo legal”, intenta revivir un caso ya cerrado mediante mociones carentes de fundamento legal. Sostienen, además, que las nuevas alegaciones deben atenderse en los procesos ordinarios ya iniciados (en pleitos existentes ante otros jueces), y no en el procedimiento extraordinario que concluyó con sentencia firme (en diciembre pasado).
“El demandante (Ayala Rodríguez) ha observado cabalmente sus deberes corporativos (…) Ha potenciado y aumentado el rendimiento de los fondos (depositados en las cuentas de las corporaciones). Igualmente, se reitera que no se ha realizado transacción alguna de $100,000 o más. Esto consta en los informes financieros e incluso en mociones previas”, asegura el escrito ante el Tribunal.
Este también expone, que a pesar de que “la obligación de mantener una cuenta con $75 millones culminó el 26 de enero, que dicha cantidad se ha mantenido en reserva. El resto del dinero también se ha mantenido en cuentas de mejor rendimiento en los mismos bancos que estaban, según se acordó se haría por las partes y sus abogados en vista del 20 de diciembre”.
Además, la moción destaca que las nuevas exigencias de información por parte de González Castellanos no tienen fundamento legal ni apoyo en la sentencia dictada, la cual no impone formatos ni plazos específicos para los informes. Sobre estos, el escrito legal detalla el proceso que conlleva crear informes financieros mensuales, por lo que no es viable culminarlos sino al pasar el mes a informar, luego de completar reconciliaciones y análisis, entre otros.
En la moción que radicó González Castellanos, el 16 de mayo, alega que Ayala Rodríguez no ha rendido los informes financieros mensuales correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2025, en violación directa de la sentencia emitida por el tribunal el pasado 26 de diciembre. Además, se señala que el informe presentado en abril fue incompleto y carece de la información financiera individualizada de las corporaciones.
Por tal razón, la representación legal de González Castellanos solicitó al tribunal que ordene a Ayala rendir los informes pendientes, revertir la disolución de la corporación y devolver los activos a El Cartel. De no cumplir antes del 21 de mayo, se solicita que se le imponga una multa de $5,000 por cada día de incumplimiento.
Este nuevo capítulo legal se da en el marco de las disputas postdivorcio entre ambas partes, vinculadas tanto a intereses empresariales como patrimoniales.
NAM/El Vocero
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