En medio de una pugna política y lucha de poderes totalmente estancada, al menos hasta ahora, en el país entre Juan Guaidó (presidente de la Asamblea Nacional) y Nicolás Maduro (presidente del actual gobierno socialista), el equipo financiero del líder opositor continúa sus gestiones mediante el lobby financiero internacional, no solo para propiciar más sanciones económicas contra el gobierno de Maduro, sino también para flexibilizar el complejo escenario de aislamiento financiero que tiene Venezuela en el mercado internacional debido a la política económica de la administración de Maduro.
Y es que este martes se dio a conocer que la firma Sullivan & Cromwell LLP, que es una firma internacional de abogados con sede en Nueva York, será la encargada del la oposición venezolana y el equipo político de Guaidó para lograr reestructurar la inmensa deuda externa del país, informó el representante legal de Guaidó en el extranjero.
El objetivo de ese equipo jurídico será conseguir un acuerdo con los acreedores internacionales, que son más de 400, y los bancos y empresas energéticas con las cuales PDVSA contrajo una deuda que ya acumula 60.000 millones de dólares por concepto de bonos o títulos de deuda a largo plazo, de los cuales el bono 2020 es el más próximo a pagar, en octubre de este año, por el orden de unos 900 millones de dólares solo en intereses.
La firma ofreció “un ajuste al costo legal inicial en reconocimiento de la necesidad del gobierno interino” de encarar la crisis humanitaria en Venezuela, dijo la oficina de Guaidó en un comunicado publicado en Twitter.
El propósito de Guaidó con estas acciones financieras, más allá de su margen de acción política, es generar las condiciones financieras de confianza y transparencia necesarias para captar un importante flujo de rentas e inversionistas que deseen colocar sus capitales a largo plazo en instrumentos financieros u otros tipos de mercados de alta rentabilidad con el fin de contribuir a la expansión financiera interna de Venezuela, desarrollar su PIB, generar empleo y reactivar el desarrollo en todos los sectores industriales y profesionales del país, pero todo esto luego de materializar la salida de Maduro del poder y la transición de un sistema a otro, lo cual ha prometido en sus discursos de manera reiterada desde el 23 de enero de 2019, fecha en la que se autojuramentó como «presidente encargado» de la República.
Dos miembros de la firma y especialistas en este tipo de procesos de reestructuración, Sergio Galvis y Jim Bromley, liderarán el equipo de negociación, según el comunicado, según reseñó la agencia Reuters.
La deuda externa total de Venezuela ya alcanza los 150.000 millones de dólares, incluyendo los $60.000 millones de PDVSA, $30.000 millones en deuda con Rusia y China por líneas de crédito, convenios financieros, compra de armamento ruso y acuerdos de inversiones chinas a largo plazo en proyectos energéticos dentro del país.
El gobierno de Nicolás Maduro se endeudó por encima del 60% del Producto Interno Bruto de Venezuela, es decir, muy por arriba de su capacidad para producir y generar ingresos en exportaciones y mercado interno, con el objetivo de financiar el aparato del Estado que controla y canjear apoyos internacionales a través del petróleo, según analistas.
NAM/Reuters/Ricardo Serrano
