El Gobierno de Donald Trump ha autorizado a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas dentro de Venezuela, según publica este miércoles el periódico The New York Times. El paso se da a conocer cuando el presidente de Estados Unidos aumenta la presión sobre el país andino y el presidente Nicolás Maduro con una campaña de ataques de sus fuerzas armadas en aguas internacionales contra lanchas a las que acusa de participar en el narcotráfico y después de que haya mencionado una “fase dos” de sus planes que podría implicar acciones por tierra.
La autorización permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales dentro de Venezuela y una serie de misiones en aguas del Caribe, sostiene el periódico, que cita a altos cargos estadounidenses.
La medida representa un nuevo paso en la campaña de Estados Unidos contra Venezuela y su régimen, al que Washington denuncia como ilegítimo y vincula con las redes del narcotráfico. Este mismo martes, Trump anunciaba en sus redes sociales un nuevo ataque de los buques militares que mantiene desplegados en el Caribe contra una supuesta narcolancha, en un golpe en el que murieron los seis ocupantes de la embarcación.
Desde el 2 de septiembre, cuando el presidente anunció el primer ataque, Estados Unidos ha hundido al menos cinco embarcaciones en otros tantos golpes, en los que han muerto al menos 27 personas. Washington alega que necesita este tipo de medida para proteger la seguridad nacional. Pero expertos y organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran ilegales estos ataques y se preguntan por qué Estados Unidos no se limita a interceptar los barcos sospechosos e interrogar a sus tripulantes, como se ha hecho de manera tradicional y se sigue haciendo en otras rutas donde el tráfico de drogas es mayor; el Servicio de Guardacostas estadounidense opera, por ejemplo, en las cercanías de Ecuador con ese tipo de misión.
Estados Unidos no ha dado grandes detalles sobre los ataques. Nunca ha identificado a las víctimas ni ha precisado qué tipo de droga transportaban las lanchas.
El Departamento de Estado ha doblado a 50 millones de dólares [unos 43 millones de euros] la recompensa por la captura de Maduro, al que acusa de ser uno de los líderes del cartel de los Soles, y ha incluido a la banda delictiva Tren de Aragua desde febrero en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. El Pentágono ha informado al Congreso de que Trump considera que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado contra el narcotráfico.
Según explica el Times, la nueva autorización permitiría a la CIA desarrollar operaciones encubiertas, bien en solitario o bien en coordinación con fuerzas militares, contra Maduro o su Gobierno. El diario matiza que se desconoce si la CIA planea desarrollar algún tipo de operación dentro de Venezuela o si el permiso se ha aprobado únicamente como medida de contingencia.
La autorización sale a la luz cuando las fuerzas estadounidenses desarrollan planes para una posible escalada. Las opciones que plantean ante Trump incluyen posibles ataques dentro de Venezuela.
Por el momento, Estados Unidos cuenta con una flotilla de ocho barcos de guerra —buques de asalto anfibios entre ellos— y un submarino nuclear en aguas internacionales del Caribe frente a las aguas territoriales de Venezuela. A bordo de esos buques hay más de 2.000 militares estadounidenses, incluidos infantes de Marina, aeronaves Harrier y cazas F-35. Además, Washington mantiene tropas en bases en Puerto Rico.
Maduro, por su parte, considera que el argumento de la lucha contra el narcotráfico esconde a duras penas una voluntad de forzar un cambio de régimen en Venezuela, bien mediante presiones para que renuncie o bien mediante acciones para derrocarlo.
El presidente venezolano moviliza, por su parte, a las Fuerzas Armadas para ejercicios militares casi semanales, con el objetivo de estar listo en caso de que Estados Unidos opte por un golpe dentro de su territorio. Un despliegue más visible, especialmente, en las zonas costeras. Maduro mantiene entre tanto su agenda, en un gesto que quiere demostrar normalidad: inaugura hospitales y ha firmado un decreto de estado de excepción por conmoción externa. También ha recibido un doctorado honoris causa.
NAM/El País
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