La motivación social ha incidido directamente en la capacidad de organización colectiva, y a su vez, esa motivación se traduce en una progresiva pérdida de estímulos en un contexto en el que la opinión pública del país rechaza los tiempos políticos por la urgencia social de la crisis económica que ha deteriorado todo el tejido social venezolano.
Esta realidad ha configurado una distribución de preferencias y opiniones en cuanto a la percepción social de una crisis socioeconómica muy marcada. Por esa razón, más del 60% de los venezolanos aseguran que tienen razones para salir a protestar mañana, sábado 16 de noviembre, en la movilización convocada por Juan Guaidó, líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional.
Según la más reciente encuesta de Hercón, correspondiente a la primera semana de noviembre, más del 60% de los venezolanos tiene razones para acudir a la protesta del 16-N y el más nuevo sondeo de opinión de Consultores 21, correspondiente al mes de septiembre, señala que 81% de los venezolanos dijo tener razones para protestar (90% en occidente, 76% solo en Zulia, 77% en el centro, 77% en la capital, 88% en los andes, 80% en los llanos y 82% en oriente).
Según el sondeo, en el occidente del país es donde se registra el mayor descontento contra el Gobierno y contra la crisis económica. Esa región de Venezuela es la más golpeada debido a los fenómenos económicos y sociales que surgen por las distorsiones macroeconómicas, tales como: el contrabando, la dolarización de facto, el comercio informal ilegal, entre otros.
Esas consecuencias de la crisis nacional han provocado un incremento desmedido de la desigualdad socioeconómica hasta el punto de extinguir los estratos sociales y polarizar al país en un contexto social dividido entre el 20% de la población que tiene acceso a dólares y el otro 80% que sufre los embates de la crisis con bolívares.
Según analistas, se espera que para la movilización de mañana la oposición logre aglutinar a al menos un 3,5% de la población en los 23 estados del país, lo cual representa aproximadamente 1 millón de venezolanos, o incluso más, como factor de presión social en demanda de un cambio político y económico.
Sin embargo, aunque pudiera constituirse como un acto civil simbólico por la renuencia del gobierno de Maduro a negociar el poder, sí podría incrementar la presión sobre la clase política nacional en el Parlamento en pro de agilizar las gestiones para renovar conformar un nuevo CNE y conducir al país hacia unas posibles elecciones presidenciales adelantadas.
Ricardo Serrano
