El Ministerio español de Hacienda ha denunciado al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y sus exconsejeros ante el Tribunal de Cuentas para que se investiguen los costes del referéndum ilegal de «autodeterminación» del 1 de octubre y se les reclamen, en su caso, las «indemnizaciones procedentes».
Según confirmaron hoy a Efe fuentes del Ejecutivo, Hacienda envió un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para pedir que se aclare el uso de fondos públicos en esa consulta inconstitucional.
La Hacienda española pide a la Fiscalía que se determinen las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por el anterior gobierno catalán -destituido por el Ejecutivo central el 27 de octubre- para la organización y celebración del referéndum y concretar cuánto costó.
En concreto, se quieren aclarar todos los fondos públicos destinados a tal fin, incluidas las subvenciones que recibieron las entidades sociales independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, también denunciadas ante el Tribunal de Cuentas.
Según las autoridades españolas, el papel de éstas en la promoción y organización del referéndum «parece evidente a la luz de las diferentes noticias publicadas en los medios de comunicación».
Una vez que se determinen los perjuicios para el erario público, el Gobierno plantea que se reclame a los exgobernantes independentistas catalanes «las indemnizaciones procedentes» tras el correspondiente «procedimiento de responsabilidad contable».
NV1/EFE
