A poco más de 48 horas de la explosión en el ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio informó que el número de víctimas mortales ha aumentado a 89.
En conferencia, el funcionario informó que en las últimas horas cuatro personas perdieron la vida, por lo que sumados a los 85 que se tenían registrados hasta ayer, elevó el número.
«De ayer a hoy desafortunadamente hemos tenido cuatro fallecimientos más, que sumados a los 85 que se anunciaron, hoy son 89 fallecidos a las 05.00 de la mañana (11.00 GMT)», indicó.
Acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud destacó que aún hay 51 pacientes en distintos centros de salud; esto, luego de que dos jóvenes fueron trasladados a un centro especializado en la atención de quemaduras en Galveston, Texas, en Estados Unidos.
«Tenemos que dar la mayor atención. Tienen muchas posibilidades de salvar su vida, que es nuestra primera y única encomienda», aseveró Alcocer.
Durante casi dos horas, más de una docena de soldados se mantuvieron apostados a orillas del campo, advirtiéndole a los civiles que no se acercaran. Las autoridades dicen que los militares eran inferiores en número y tenían órdenes de no intervenir. Apenas una semana antes, algunas personas de otro pueblo habían golpeado a algunos soldados que intentaron impedirles surtirse de combustible propiedad del Estado.
El atractivo de la gasolina gratuita fue irresistible para muchos: Llegaron como si fueran palomillas ante la llama de una vela, estacionando sus vehículos en un camino cercano.
El olor a gasolina creció y creció a medida que miles de barriles se fugaban. Aparentemente los que estaban más cerca del borbollón comenzaron a delirar, intoxicados por los vapores. Los pobladores trastabillaban por aquí y por allá. La noche se llenó de una neblina extraña, una mezcla del fresco aire de las montañas y las finas partículas de la gasolina.
Velasco dijo que se apresuró a auxiliar a un hombre al que vio tambaleándose en el camino, lejos del borbollón. Le quitó su ropa empapada de gasolina para ayudar a aliviar el abrumador hedor del combustible tóxico. Luego apoyó a otro joven, que le describió cómo de repente surgió el géiser.
Cerrón estaba en el corazón del caos cuando intuyó un creciente peligro.
Sacó a un hombre de 70 años de un charco donde la gasolina se estaba acumulando; el hombre se había desmayado a consecuencia de los vapores. Luego Cerrón, un estudiante, decidió que era hora de irse a casa.
“Se veían como zombis, intentando sacar toda la gasolina”, afirmó.
Pasó frente a soldados que advertían a los que llegaban a saquear que se alejaran del lugar. Va a explotar, decían. Y así fue. Una vez que llegó a casa, Cerrón volteó a echar un último vistazo. Lo único que vio fueron llamas.
La bola de fuego que se tragó a todos los que recolectaban gasolina subraya los peligros de la epidemia de robo de combustible que el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador prometió combatir.
Para el domingo por la noche el número de muertes por el estallido del viernes había aumentado a 85 personas y otras 58 permanecían hospitalizadas, informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Docenas más siguen desaparecidas.
Nueve de los 68 restos hallados en el lugar han sido identificados, pero podrían requerirse meses para identificar al resto, dijo Omar Fayad, gobernador del estado.
El gobierno estatal y federal están cubriendo los costos médicos y funerarios. Un menor fue transferido al Hospital Shriners en Galveston, Texas.
Los soldados instalaron un perímetro alrededor de una zona del tamaño de un campo de fútbol en donde los pobladores quedaron incinerados por el estallido, reducidos a un montón de cenizas y huesos. El domingo, las autoridades insinuaron que el gobierno podría expropiar campos como éste, donde los habitantes eran claramente cómplices del robo de combustible.
Pero el fiscal general Alejandro Gertz descartó presentar cargos contra los habitantes, que simplemente recolectaban el combustible derramado, y en particular a los hospitalizados por las quemaduras.
“Mire, nosotros no vamos a victimizar a las comunidades”, señaló. “Vamos a buscar a los responsables de actos que hayan generado esta gran tragedia”.
El desastre ocurrió apenas tres semanas después de que López Obrador lanzara una ofensiva contra los grupos dedicados al robo de combustible, los cuales realizan peligrosas perforaciones ilegales en los oleoductos a un sorprendente ritmo de 12.581 ocasiones en los primeros 10 meses de 2018, un promedio de 42 tomas al día. Las medidas han derivado en desabasto de combustible en las gasolineras de todo el país debido a los cambios en la distribución, tanto legal como ilegal.
De acuerdo a las autoridades, el ducto dentro y en los alrededores de Tlahuelilpan fue perforado 10 veces en los últimos tres meses.
López Obrador prometió el domingo continuar con su lucha contra el robo de combustible, que resulta en una pérdida anual por alrededor de 3.000 millones de dólares. Legalmente, esa gasolina le pertenece al pueblo mexicano, y la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, funge como custodio.
Pero desde hace tiempo Pemex ha estado azotada por la corrupción. El domingo, López Obrador afirmó que la compañía estaba “al servicio de gente sin escrúpulos”, secuestrada por “una pandilla de rufianes”, refiriéndose a funcionarios corruptos del gobierno y de la empresa.
López Obrador enfrenta una complicada batalla por combatir una práctica que se ha convertido en un salvavidas económico para las zonas rurales más pobres por donde cruzan los oleoductos, que solo están cubiertos por medio metro de tierra. Los grupos delictivos reclutan a locales que posteriormente obtienen el respaldo de la comunidad mediante regalos o amenazas de violencia.
La región está llena de bodegas y almacenes, y los propietarios de terrenos obtienen ingresos adicionales por la renta o con regalos de combustible.
El presidente planea realizar un recorrido la próxima semana por varias localidades cercanas a la Ciudad de México en las que el robo de combustible se ha vuelto parte habitual de la economía local. El mandatario promete empleos y ayuda financiera como una alternativa para las comunidades ubicadas en la ruta de los oleoductos que de alguna manera dependen de los ingresos generados por el robo de gasolina.
“México necesita acabar con la corrupción”, comentó el presidente el domingo. “No es algo negociable”.
López Obrador emprendió la guerra contra las perforaciones ilegales poco después de asumir el poder el 1 de diciembre, desplegando a 3.200 elementos de la Infantería de Marina para que vigilen las refinerías y los oleoductos. Su gobierno también cerró éstos para detectar e inhabilitar las tomas ilegales, optando por el uso de camiones cisterna para la distribución de combustibles.
Otro ducto estalló el viernes en el vecino estado de Querétaro como resultado de una nueva perforación ilegal. En ese caso no se reportaron víctimas.
En diciembre de 2010, las autoridades culparon a supuestos ladrones de combustible por la explosión de un ducto en el estado de Puebla, en el centro del país y a poca distancia de la capital, en el que murieron 28 personas, incluyendo 13 niños.
NAM/El Excelsior
